El 20 de julio de 1906, a bordo del buque de guerra estadounidense Marblehead, anclado frente a costas guatemaltecas, se firmó un tratado de paz entre los gobiernos de El Salvador y Guatemala, a causa de la llamada Guerra de Regalado. Era la primera intervención oficial de EE. UU. en la dinámica del Istmo. En Guatemala, gobernaba desde 1898 Manuel Estrada Cabrera, quien ya estaba en un segundo período, reelecto en dudoso proceso electoral, según el cual obtuvo un millón de votos, cuando en realidad los ciudadanos aptos para votar no superaban los 250 mil. Sin embargo, su predominio les resultaba útil.

En 1921, hace un siglo, gobernaba el empresario Carlos Herrera, presidente designado tras la salida del dictador. Herrera intentaba reconstruir la economía del país después de dos décadas de dictadura y caos monetario. Entre las medidas urgentes, declaró lesivos algunos contratos, como la concesión ferrocarrilera, y se negaba a entregar la empresa eléctrica a otra firma estadounidense. Extrañamente, el 5 de diciembre de 1921, Herrera fue depuesto por un golpe militar, cuyos cabecillas adoptaron las exigencias de EE. UU.

No vamos a proseguir con los detalles de tolerancia que permitieron las reelecciones de otro dictador, Jorge Ubico, quien gobernó entre 1931 y 1944; ni los sucesos de 1954, en los cuales los intereses de la compañía estadounidense United Fruit Company tuvieron peso decisivo; menos aún sobre la Guerra Fría, que en territorio centroamericano fue candente, con cauda de cientos de miles de muertos y un enorme rezago en el desarrollo humano, que ocurrieron en el radio de acción geopolítica de EE. UU.

Lo que se pretende fundamentar con el anterior proemio es la innegable importancia de la potencia del norte como regulador, mediador o catalizador de situaciones que se dan en una región de capital importancia estratégica, lo cual se evidencia, por ejemplo, en las fuertes inversiones y asistencias hechas por China continental en Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Es precisamente por esta misma relevancia que EE. UU. no puede seguir cometiendo los mismos errores de otras épocas, al menos si espera tener resultados distintos.

La visita de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, a Guatemala ocurre en el marco de una crisis migratoria detonada por el desempleo, la violencia y la desesperanza, que se han visto agudizados por la pandemia del covid-19. El repunte del éxodo hacia EE. UU. no es un antojo ni una moda, sino el instinto de sobrevivencia de miles de guatemaltecos ante los desatinos de sucesivos gobiernos, que se han empecinado en favorecer a camarillas de turno, en fomentar espacios de impunidad y en relegar los planes de salud, educación, tecnología, competitividad y seguridad, a cambio de agendas obtusas. Justo como ocurría en 1906.

A la luz del tiempo, tales consentimientos, acciones u omisiones le han pasado la factura a EE. UU. en forma de cúmulo de migrantes, familias y menores no acompañados que van en busca del anhelo de democracia, de trabajo, de oportunidad que no encuentran en su país. Es por ello que intentar replicar el infame País Seguro de Trump no es la vía, aunque le cambien el nombre. La señora Harris se encontrará con versiones encontradas de la realidad guatemalteca. Tendrá discursos gubernamentales, excusas y señalamientos, pretextos y propuestas. Su equipo de inteligencia debe discernir si hacerse de la vista gorda para solucionar un asunto inmediato, como ocurrió con el Marblehead en 1906, o exigir respeto a las garantías constitucionales, ejercicio pleno de la democracia y salvaguardia de los derechos ciudadanos, con todo y las herramientas que tenga para sancionar a corruptos que quieren pasar por nobles.