La Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP) le imputó este jueves 3 de junio a Solórzano Foppa los delitos de falsedad ideológica, conspiración y asociación ilícita por supuestamente haber simulado una asamblea y colocar información falsa en un acta presentada al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Solórzano Foppa declaró durante la audiencia de primera declaración, que fue suspendida y reprogramada para el lunes próximo, ante el juez y aceptó su responsabilidad de haber presentado el acta al TSE.
“No quito mi responsabilidad señor juez, yo si quería formar ese partido político. Yo Llegué a presentar el acta al TSE, acto que considero que es completamente legal, además de legítimo”, declaró Solorzano Foppa, quien se negó a contestar preguntas de la Fiscalía.
En tanto, los otros dos implicados en el caso, José Miguel Quintanilla Castillo y Roberto Cáceres Estrada, respondieron a la Fiscalía que no participaron en una asamblea del 1 de marzo de 2020 en la que se eligió a Solórzano como secretario general y representante del grupo promotor.
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Además, Castillo dijo que no recordaba en qué lugar firmó el acta de constitución del grupo proformación del partido Ambientalista Guatemalteco, aunque luego señaló que pudo haber sido en una cafetería o en el despacho del exjefe de la SAT.
Esa declaración sugiere que no existió la asamblea. Además, el fiscal José Curruchiche entrevistó a 113 personas que, según él, le aseguraron que no asistieron a dicho evento que se reportó con asistencia de 556 simpatizantes.
Las implicadas en el caso Matilde Baján e Ingry Leja no acudieron a la audiencia por haberse contagio de coronavirus y su imputación se pospuso. Ambas, según Quintanilla Castillo, llevaron las actas para que las firmara sin haber asistido a la asamblea en cuestión.
En ese mismo caso, el exanalista de la inhabilitada Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), Aníbal Argüello, señaló que la Fiscalía de Delitos Electorales está “instrumentalizada” para evitar que sea perito en casos de corrupción.
“Pero cuál es el origen de este ataque, son las redes políticoeconómica ilícitas que como funcionario de la Cicig investigué. Están instrumentalizando a la Fiscalía de Delitos Electorales, esta (…) según mi experiencia como analista criminal, es una característica de macrocriminalidad muy compleja”, declaró Argüello.
Agregó que participó en las investigaciones de los casos “La línea”, “Terminal de Contenedores Quetzal”, “Cooptación del Estado” y “Subordinación del Legislativo al Ejecutivo”, en los cuales debe ser perito, pero estando preso no lo podrá hacer.
