Como nunca desde la promulgación de la Constitución de 1985, el órgano del Estado encargado de ejercer la acción pública penal, es decir, de perseguir la comisión de delitos, el Ministerio Público (MP), lanzó y promovió investigaciones y acciones penales relativas a la postulación y elección de los magistrados integrantes del Poder Judicial.

Además de eso, también de manera nunca vista, la Corte de Constitucionalidad (CC) decretó la suspensión del proceso de postulación, la repetición de algunas de sus etapas y, finalmente, resolvió que el Congreso de la República debía excluir de consideración a algunas de las personas que fueron postuladas y que la elección debía proceder a viva voz y candidato por candidato. A continuación, llegó el proceso de renovación de la propia CC, precedido del deceso de uno de sus integrantes y de la vacancia de otra de sus magistraturas, por un grave padecimiento de salud sufrido por su titular. Como si eso fuera poco, la mayoría de sus integrantes habían acumulado decenas de acciones en su contra tendientes a que les fuera levantada su inmunidad, de modo que fueran procesados penalmente por haber prevaricato y por haber pronunciado resoluciones contrarias a la Constitución, entre otras supuestas infracciones penales.

Con ocasión de dicho proceso de designación de los nuevos integrantes de la CC, el entonces rector y un ex rector de la Universidad de San Carlos, resultaron involucrados en las investigaciones del MP relativas a un supuesto tráfico de influencias para la postulación de magistrados del Poder Judicial. Sin perjuicio de ello, el Consejo Superior Universitario (CSU) llegó a elegir a los magistrados titular y suplente que le correspondía designar.

Una vez concluido ese proceso, se impugnó la elección de la magistrada Gloria Porras y, como consecuencia de ello, el Congreso de la República ni la ha declarado electa para el cargo ni le ha tomado juramento para que tome posesión de su cargo. En este momento ella está en los Estados Unidos de América bajo la protección de su gobierno, según parece.

En lo que a las elecciones para magistrado de la CC del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se refiere, el candidato puntero desistió de su candidatura (por una investigación lanzada por el MP en su contra) y la elección del titular y suplente que pasaron al primer fue objeto de varias impugnaciones que, a diferencia de las presentadas en contra de la magistrada titular electa por el CSU, no han impedido que el Congreso de la República los declare electos. Como telón de fondo de todos estos acontecimientos, un sector del espectro político del país ha tildado a algunos de los magistrados de la CC que acaba de concluir su período de politizar la justicia constitucional y el sector de oposición ha señalado a la coalición oficial de actuar en todo esto para cooptar la justicia para y promover así sus intereses y los de sus aliados. A la vez que todos estos acontecimientos se suceden, desde la vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, hasta varios miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, han identificado la falta de independencia judicial en Guatemala como una de las causas a la raíz de la emigración masiva de guatemaltecos hacia ese país.

Ante todos esos hechos me pregunto a qué más esperamos en este país para emprender una reforma a profundidad, constitucional y legal, de todo el sistema de justicia. ¿Qué más escándalos tienen que ocurrir? ¿Qué más pruebas necesitamos de la inviabilidad del sistema de justicia actual? ¿Es que no creemos en el estado de Derecho?