Deleznables, vergonzosas y dignas de todo repudio ciudadano son las acciones de una gavilla de exdiputados, otrora amparados en una mayoría oficialista, que se sentían muy poderosos y sobre todo impunes como para estafar al pueblo de Guatemala al crear todo un mecanismo de saqueo mediante plazas fantasma: gente a quien le pagaban una suma irrisoria para simular que laboraba en el Congreso, pero que entregaba parte de su sueldo directamente a estos ladrones y traidores.

No se trata de un chisme o de una acusación infundada, ni de un ataque con motivos ideológicos: fue un exdiputado, Édgar Cristiani, del extinto partido Patriota, de ingrata recordación, quien confesó el mecanismo que utilizaron para esquilmar recursos públicos de manera descarada, haciendo uso de las potestades que les fueron conferidas como representantes de la ciudadanía.

En la audiencia de primera declaración de otro exlegislador señalado, Julio César Villatoro, capturado la semana anterior y que integró junto con Cristiani la directiva del Legislativo, fue expuesta por orden de la jueza Claudette Domínguez la declaración de este último, en la cual incrimina también al entonces presidente del Congreso, Luis Rabbé, quien está pendiente de extradición a Guatemala.

“Me percaté que los diputados que integraban la Junta Directiva (del Congreso de la República) gozaban del derecho de tener mayor cantidad de asistentes y asesores, oscilando entre 15 a 20 personas. Que podían contratar a su discreción y asignarles los salarios que ellos consideraban”, declara Cristiani, quien aceptó confesar para así aminorar el castigo por su delito.

Ni siquiera había espacio físico o funciones necesarias para acomodar a tanta gente contratada por pura ambición y clientelismo. Aun así esos padres del saqueo avalaron nombramientos. Fue tal la desfachatez que las contrataciones se hicieron de forma retroactiva, para poder cobrar sueldos falsamente atrasados. Cristiani señala de haber urdido todo este alambique ilícito Rabbé. Sí, el mismo que el 22 de abril de 2016 dijo: “Vengan a traerme, pónganme ya las esposas”, para mostrar que estaba dispuesto a presentarse ante la justicia. Dos días después se dio a la fuga y fue capturado en México el 23 de julio de 2018. El 15 de marzo último, la Secretaría de Relaciones Exteriores del vecino país anunció que sería extraditado, aunque aún no ha ocurrido.

Este caso es especialmente ilustrativo sobre la dimensión de discrecionalidades y abusos que pueden llegar a cometer representantes electos, amparados en su fuero especial y confiados en que no les llegará el castigo.

La investidura legislativa registró ayer otra afrenta, al conocerse que fue la comisión permanente, a cargo del propio presidente del Congreso, Allan Rodríguez, la que solicitó la elaboración de videos dirigidos a desprestigiar a personas incómodas, supuestamente como parte de un informe entregado a la Organización de Estados Americanos. La directora de Comunicación Social de ese organismo delató esta instrucción, que por sí misma constituye una malversación de fondos y amerita una investigación profesional, certera e imparcial del Ministerio Público, ente que aún adeuda la pesquisa sobre las agresiones policiales sufridas por ciudadanos el 21 de noviembre y la sospechosa quema de dos oficinas, para la cual los hechores tuvieron tiempo de sobra, pese a que adentro del Palacio Legislativo había agentes policiales.