Hace unos días se mencionó que se abrirá la vacunación a personas mayores de 18 años con problemas de salud (comorbilidades). Se dijo también que aún no tenían totalmente claro el procedimiento que se emplearía para identificar a estas personas. Ya no sorprende: constantemente hay declaraciones sin antes tener totalmente determinado cómo implementarán. Siendo que el país no tiene un sistema único de salud, ni universalidad de acceso a servicios para la población, y menos todavía contar con un registro unificado de pacientes con enfermedades crónicas que pudiera ser la fuente de información para priorizar a esta población entre los 9.2 millones de quienes tienen entre 18 y 59 años de edad actualmente, la pregunta de cómo van a identificarlos es totalmente válida.

“Que los sacarán de los listados institucionales” —dicen—. También dicen: “Si no está en una lista, pues vaya a inscribirse”. ¿Cómo así? ¿Quieren ahora colas en los centros de salud para inscribirse en listados? ¿Van a examinar a cada individuo que llegue diciendo que tiene hipertensión, diabetes, problemas renales, neoplasias u otras dolencias? ¿Aceptarán certificados de médicos privados o pondrán al personal de Salud a verificar el diagnóstico? El IGSS ya atiende una parte de los enfermos crónicos del país: ¿le van a dar las vacunas suficientes?

¿Qué pasará con los de 60 y los de 70 y más años que aún no se han vacunado y que son la mayoría de esos grupos etarios? ¿Perdieron el tren o podrán llegar a vacunarse en esta nueva etapa? ¿Para qué la priorización por grupos de riesgo, si a los adultos mayores, los más vulnerables de morir por covid-19, los dejarán tirados a la primera porque no se acoplaron al sistema pensado para el registro?

Tal vez si hubieran considerado antes que 41% de los hogares del país que tienen al menos un adulto mayor de 70 son rurales (181 mil hogares), y que, en 11 departamentos, estos hogares representan al menos el 50% del total de hogares, se podrían explicar —al menos en parte— por qué la gente mayor no ha acudido a vacunarse. Más aún si hubieran visto que solo el 17% de los hogares que tienen a alguien mayor de 70 años en el país tiene internet (en el departamento de Guatemala solo tiene el 42%; en Quiché, solo el 4%); o el hecho de que hay unos 55 mil adultos mayores de 70 que viven totalmente solos. Súmele a eso la falta de una estrategia de comunicación educativa, la desinformación y miedo que le meten a la gente en la cabeza; o que a muchos registrados ya no les llegó el mensajito de confirmación, pues ya tenemos suficiente explicación de la baja afluencia, y sin necesidad de acudir a ninguna prestigiosa empresa encuestadora.

Se comprende que hayan querido vacunar priorizando grupos de riesgo/edad, como se ha hecho en otros países, especialmente en un contexto de limitación de vacunas. Sin embargo, esta lógica ha sido disruptiva de la manera en que funcionamos los hogares; también para el sistema público de salud, acostumbrado a trabajar las vacunaciones por territorios, comunidades, sectores, unidades domésticas y espacios colectivos en su circunscripción territorial. Aun en medio de la restricción de vacunas, con la estrategia actual no se logrará aplicar toda la vacuna ya disponible en el país, a menos que se modifique la estrategia. Además están por entrar más de 300 mil dosis más de Covax; y Sputnik V, por lo visto, seguirá a cuentagotas, pero seguirá. Tampoco podemos darnos el lujo de que se vaya a echar a perder la vacuna.
Lo único que queda, entonces, es humildad y proceder a un cambio drástico de estrategia.