Las alarmas se encienden ahora con la utilización de canales virtuales que pueden favorecer la actividad delictiva a partir del anonimato u otros servicios en los cuales se puede apoyar el crimen organizado, con el fin de encontrar las formas de ocultar digitalmente el origen ilícito de las ganancias derivadas de la actividad criminal, advirtió el guatemalteco Ricardo Vélez, uno de los expositores en el Cladit.
Alertas máximas
Heiromy Castro, director general de cumplimiento y Gobierno Corporativo de Banco de Reservas de República Dominicana, explicó en el foro que la pandemia modificó la forma tradicional de hacer negocios y se aceleró más la digitalización con el surgimiento del virus, que si bien puede generar beneficios desde el punto de vista tecnológico, también conlleva riesgos, y que requerirá respuestas regulatorias supervisoras.
El nuevo enfoque financiero será muy dinámico que obligará a los supervisores a reenfocar normativas, remarcó el directivo, al recordar que el uso de los dispositivos móviles y todo ese ecosistema tendrá una importancia.
Castro expuso que, para cada nuevo producto y sus variantes, el crimen organizado buscará las formas de fraude, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, financiación o desarrollo de armas de destrucción masiva, y esquemas de corrupción relacionados con las compras y adquisiciones por la pandemia, como vacunas falsas que se están comercializando en muchos países.
Esquemas de riesgos
El experto dominicano declaró que la “covidianidad” arrojó un esquema de alertas y perfiles para los países de la región y abogó por “una calibración mejor” de las alertas y que los “sistemas los bordeen los llamados” ante las situaciones que se puedan presentar.
Expuso que hay por lo menos 12 retos dentro de los cuales destaca el control de las criptomonedas, la inteligencia artificial, la evasión fiscal, la integración de datos biométricos, las migraciones, ciberdelitos y la supervisión basada en riesgos.
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“Hay grandes empresas criminales que están lucrando con las migraciones ilegales y sabemos que en Medio Oriente muchas células terroristas lucran con este tipo de crimen”, puntualizó.
Con respecto a los ciberdelitos, afirmó que estos viajan en la nube, y pueden ser secuestrados datos y hace poco una empresa pagó con criptoactivos, que son de muy difícil su rastreo, citó como ejemplo.
Castro enfatizó que dentro de la “covidianidad”, se pueden presentar riesgos de fraude por venta de vacunas falsas o irreales, robo de identidad ante el incremento de operaciones remotas, corrupción por abuso de los estados de emergencia, así como riesgos de compra y concentración de productos para la salud para especular con los precios.
También, falsificación de medicamentos, productos para la salud y alimentos, falta de control de comercialización de materias primas para el uso de fabricación de armas de destrucción masiva, riesgo de uso de vacunas o medicamentos contaminados por terroristas y hackers en teletrabajo.
“Lavado se intensificó”
Vélez, quien expuso sobre el tema de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo utilizando criptomonedas, comentó que el fenómeno del lavado de dinero vino a incrementarse y hay pronunciamientos en la región que no se debilitó por el covid-19, sino que se intensificó.
Anticipó que el hecho de que volvamos a la normalidad no significa que mañana se acabará el problema que las criptomonedas no muestran que todo se está volviendo virtual, sino que es un fenómeno que venía creciendo y lo que hizo la pandemia fue impulsarlo.
El experto enfatizó que las organizaciones internacionales que observan el tema han realizado una recopilación de experiencias a nivel latinoamericano de nuevos casos que se estaban observando, pero no se habla de nuevas tipologías y “las maneras como se lavan siguen siendo las mismas técnicas”, pero si hay un crecimiento de un tipo de delitos sobre todo de corrupción, falsificación de medicamentos, sobreprecios, debilitación de procedimientos públicos, aunque los controles siguen siendo los mismos.
Por otro lado, los organismos han señalado que existe una merma en la capacidad de los supervisores, por el mismo problema del distanciamiento y la no presencia del personal, así como los atrasos de evaluaciones a los países, así como una disminución de los reportes de operaciones sospechosas (RTS) como ocurrió en Guatemala en 2020, y en otros países.
Reiteró que, en el tema de las criptomonedas, hace falta una normativa y que es un problema a nivel mundial.
“Habrá casos”
Para Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC), aseguró que cualquier estado de emergencia o de calamidad se puede prestar para actos de corrupción, y un caso de esto lleva emparejados actos de lavado de dinero.
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Es por algo por lo que, resaltó, el exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, tenía tantos millones en efectivo escondidos en una casa en Antigua Guatemala, porque no pudo introducirlos al sistema, y lógicamente cualquier de emergencia y corrupción representa un riesgo latente de lavado.
Ahí las autoridades responsables de fiscalización deben verificar que el dinero ilegal no ingrese al circuito financiero.
“Grandes cantidades de dinero no se pueden introducir al sistema que provengan de actos casos de corrupción por los estados de emergencia, y por ahí se tiene que mejorar los procedimientos de control para evitar que dinero producto de la corrupción llegue al sistema”, subrayó Flores.
Reportes
Al 14 de mayo último la Intendencia de Verificación Especial (IVE) -que es la unidad de inteligencia financiera- reportó el análisis de transacciones y hay mil 865 RTS, 58 denuncias y ampliaciones, y un monto denunciado por Q797 millones.
Además, 499 personas involucradas -denuncias y ampliaciones-, mientras que por extinción de dominio dos, y Q19 millones en monto por informes extinción de dominio.
