En los últimos días, el Congreso aprobó dos decretos que considero muy importantes para el desarrollo de todos los guatemaltecos: la ley “antitrámites” y las modificaciones a la Ley de Zonas Francas. Son apenas dos pequeños pasos hacia un mayor desarrollo, pero, considerando el tiempo que se tardaron en aprobarlos, son un gran avance que permitirá que muchos guatemaltecos tengan alguna oportunidad de mejorar aquí, en lugar de tener que emigrar para buscar mejores horizontes.

La Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos no es la panacea que yo hubiera querido, sino solo una solución a medias, pero por lo menos es un avance. Uno de sus mayores defectos es que solo aplica a los trámites administrativos que se gestionen en las dependencias del Organismo Ejecutivo. El Organismo Judicial, Organismo Legislativo, las municipalidades y otras entidades autónomas, semiautónomas o descentralizadas pueden aplicar cualquier disposición contenida en la misma, pero no están obligadas a ello.

La ley establece que, en la gestión de trámites administrativos, las dependencias únicamente pueden exigir el cumplimiento de requisitos establecidos de forma expresa en ley o acuerdo gubernativo. Aunque esto debiera ser de cajón, resulta que el “criterio de ventanilla” es una de las habilidades más desarrolladas de toda la burocracia, así que no está de más recalcar este punto.

Se elimina la necesidad de presentar declaraciones juradas y de legalizar las firmas, lo que es positivo. También es positivo que se elimine el requisito de presentar ante las distintas entidades información, documentos, certificados o constancias que ellas mismas generen o emitan. Algo que faltó y considero indispensable es que el silencio administrativo positivo e improrrogable fuera la regla y no la excepción.

Aun con sus defectos y falencias, la ley aprobada es un avance de lo que se tiene hasta la fecha, pero todavía falta mucho camino por recorrer para reducir al mínimo los obstáculos a las actividades productivas que pueden representar los trámites.

Luego está la aprobación de las reformas a la Ley de Zonas Francas, las que básicamente corrigen la estupidez que cometieron los diputados de la anterior legislatura al aprobar el decreto 19-2016. La iniciativa reduce de 42 a 31 las actividades prohibidas en zonas francas. De esta manera se restituyen once actividades que ya se desarrollaban en las zonas francas antes de 2016, restaurando así los derechos adquiridos por los inversionistas.

Si algo probó, sin lugar a duda, el decreto 19-2016 fue lo absurdo del razonamiento acerca de las supuestas “pérdidas de recaudación” por el establecimiento de zonas francas. Según este, las zonas francas son un “mal negocio” para el país, ya que el Gobierno “pierde” los impuestos que las empresas que funcionan dentro de las zonas francas no pagarían. Si ese razonamiento fuera cierto, implicaría que las empresas instalarían sus operaciones en Guatemala, indistintamente de que haya o no zonas francas. Pues bien, luego del decreto 19-2016 no solo no vinieron nuevas empresas de las industrias “prohibidas”, sino que, además, muchas empresas que ya operaban en las zonas francas y se les prohibió hacerlo se fueron de Guatemala a otros países.

Aquí también preferiría que toda Guatemala fuera una zona franca, o que por lo menos no hubiera ninguna actividad “prohibida” en las zonas francas —que es por lo que prefiero las ZDEEPs de Zolic—, pero por lo menos es un adelanto. Espero que estas leyes aceleren la atracción de empresas que están planificando su proceso de nearshoring y vengan a operar en Guatemala, creando muchos empleos productivos.