El Estado juega un papel fundamental como comprador de bienes y servicios. Se supone que estos bienes y servicios sirven para transformar favorablemente las vidas de las personas, en particular, las de quienes están en más desventaja en la sociedad. Esta función del Estado se hizo cada vez más importante conforme se fueron consolidando los procesos de privatización de las funciones públicas; ahora es protagónica: de Estado Desarrollista contrainsurgente pasó a cumplir el rol de chequera con la que se paga el enriquecimiento ilícito y se aceita continuamente la estabilidad del #PactoDeCorruptos. La utilidad, idoneidad y efectividad de los bienes y servicios adquiridos pasaron a ser categorías totalmente irrelevantes; el acento y énfasis está en controlar los procesos que permiten acceder a los recursos disponibles para hacer dichas compras y contrataciones.

Si bien esta dinámica ha estado presente durante décadas, también es cierto que a partir del año 2014 dejó de ser una práctica solapada, gracias a la enorme labor de la Cicig. Esta “economía de captura” también fue claramente descrita por el economista alemán Harald Waxenecker hace un par de años, quien demostró que para el período 2004-2013, representó una operación financiera ilícita de al menos Q103 mil millones que se fueron solo en corrupción: pago de mordidas, sobrecostos y acciones “fantasma”. Están, además, los montos destinados a “hacer” las compras o construir la infraestructura de pobre calidad. Todo ese dinero sale de los que pagamos impuestos. El nivel de desfachatez es tal, que ya ni se preocupan de si lo que compran o construyen sirve o no.

Con la expulsión de la Cicig en 2017, toda esta dinámica se agravó y profundizó. Cada vez es menos “discreta” y como los órganos de control también están capturados, tampoco hay acciones explícitas para revertirlo. Más bien, las denuncias caen en saco roto o se aletargan con tal de no perjudicar la unidad del #PactoDeCorruptos. Como resultado, nos estamos sumergiendo en un grave proceso de antidesarrollo, como no habíamos visto desde la guerra interna. Me refiero concretamente a la reversión de avances y al estancamiento y/o agravamiento de una serie de indicadores que están colocando a Guatemala como un paria en la región.

Las reformas de hace unas semanas a la Ley de Contrataciones del Estado son consistentes con esta dinámica de expoliación amplificada y sin contrapesos: de un plumazo amplían los techos de gasto, relajan los controles y cierran los espacios para la participación y la competencia. Resumidamente, la aberración aprobada por el Cleptocongreso permite que: 1. la autoridad administrativa superior autorice compras hasta por Q2 millones con una cotización simple, cuando antes solo podía hacerlo hasta por Q900 mil; 2. autoriza compras de poca cuantía hasta por Q100 mil, cuando antes el techo era de Q25 mil, y en compras directas pasa de Q90 mil a Q200 mil; 3. además, altera los plazos para presentar cotizaciones, inconformidades, recepción de ofertas, lo cual favorece compras pre-acordadas. No sorprende que tantos diputados hayan avalado esta propuesta, pues sabidos son sus tratos con autoridades locales a la hora de contratar “obra pública” con empresas que operan localmente y que son de su propiedad.

Así, los diputados, alcaldes y el Ejecutivo “rompieron el cochinito” con el cual alimentarán otro ciclo vicioso del sistema político en el 2024, así como la lavandería local de activos ilícitos, disfrazados detrás de los 7 mil y pico de proyectos de “inversión pública” inútiles, sin terminar o fácilmente perecederos, que se aprueban año con año mecánicamente.