La pandemia del covid-19 sigue sumando millones de personas contagiadas y fallecidas en el mundo. En estos últimos meses, muchas de estas muertes podrían haberse evitado si los procesos de vacunación marcharan de forma ágil y si la capacidad en la producción de las vacunas, para satisfacer la demanda global, estuviera asegurada.

Contrario a lo que dicta la lógica y el bien común, que es lo que debería prevalecer cuando se está en el medio de una pandemia, las presiones de las empresas farmacéuticas para mantener la propiedad intelectual sobre las patentes de las vacunas —y así garantizarse miles de millones de dólares en ganancias— están haciendo imperar el lucro por encima de la vida y la salud de los más de 7 mil millones de personas que habitamos el planeta.

Aunque parezca increíble, la decisión central que permitiría el control de la pandemia del coronavirus en el menor tiempo posible no se está dando en la Organización Mundial de la Salud (OMS) sino en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esa es la mejor prueba de que el sistema que impera en el mundo gira en torno a los intereses económicos más que a los derechos.

Si en junio, los gobiernos de los países ricos alcanzan un acuerdo para liberar las patentes de las vacunas —como lo están pidiendo desde hace meses la India y Sudáfrica, respaldadas por cientos de científicos, médicos y organizaciones sociales y humanitarias— la capacidad de producción y abastecimiento global estarían garantizados y, con ello, se aceleraría la inmunización para reducir drásticamente las muertes y los contagios.

Sin embargo, las empresas farmacéuticas y los gobiernos de los países productores de las vacunas continúan bloqueando esa posibilidad, aun cuando las nuevas variantes del virus, que han resultado más agresivas y contagiosas, se están propagando aceleradamente. El viraje en la posición de Estados Unidos —luego de que más de un centenar de científicos y líderes políticos, sociales y religiosos enviaran una carta al presidente Joe Biden pidiendo liberar, temporalmente, las patentes de vacunas y suministros— coloca el debate en un nuevo nivel.

Importante recordar, como lo hace en un reciente artículo de opinión el economista y director del Instituto de la Tierra en la Universidad de Columbia, Jeffrey Sachs, que las patentes en las vacunas no son el “resultado de innovaciones propias” de la industria farmacéutica, sino más bien de investigaciones académicas financiadas por los gobiernos con dineros públicos. “Solo el gobierno de los EE. UU. proveyó al menos 955 millones de dólares a Moderna para acelerar ensayos clínicos y otros procesos”, recuerda Sachs, mientras enfatiza que: “La propiedad intelectual debe estar al servicio del bien mundial, no la humanidad al servicio de los intereses de unas pocas empresas privadas”.

Y mientras en el mundo se hacen enormes esfuerzos por lograr que la vacunación sea masiva y se reduzcan las muertes y los contagios, en Guatemala el gobierno de Alejandro Giammattei apenas ha vacunado al 0.02% de la población con las dos dosis y la inmunización con la primera no llega siquiera al 2%, lo que nos coloca en el penúltimo lugar de Centroamérica, solo por encima de Honduras.

Para ocultar su ineptitud, en una reciente entrevista el mandatario aseguró que por el “buen manejo” de la pandemia Guatemala no está en la lista de entrega inmediata de vacunas. Y antes, durante la Cumbre Iberoamericana, para que el bochorno fuera internacional, se despachó recetando Ivermectina como sustituto de la vacuna. Con razón, dado que en las farmacias chapinas abunda el desparasitante, durante los fines de semana los centros de vacunación permanecen cerrados y el plan de inmunización va a paso de tortuga. Qué peligrosa es la mezcla de cinismo, ignorancia e ineptitud.