¿Por qué el presidente Alejandro Giammattei debe vetar las chapuceras modificaciones hechas hace 12 días por el Congreso de la República a la Ley de Adquisiciones del Estado? Primero, porque al ser el representante de la unidad nacional y custodio de la Constitución de la República, no puede ni debe transigir con medidas que distorsionan e instrumentalizan el papel del Estado para situarlo a merced de ambiciones desmedidas y obvios afanes de enriquecimiento ilícito bajo una leguleya validación hecha a la carrera.

Los cambios aprobados a escondidas, mediante una sospechosa moción privilegiada de una anodina diputada, la noche del 28 de abril, representan un perjuicio público porque fueron aprobados por un combo de diputados claramente dirigidos a favorecer intereses clientelares, sectarios, electoreros y opacos. En lugar de defender la institucionalidad, la cuentadancia y la fiscalización, a lo cual están llamados, estos diputados incurrieron en un pesado error que abre la puerta al despilfarro, las compras arregladas y hasta al lavado de dinero.

Se trata de un tema de principios pero también de eficiencia en la administración pública que nada tiene que ver con ideologías. Centros de análisis académicos con enfoques muy distintos coinciden en que el manoseo a la ley que rige las compras del Estado se efectuó de manera negligente, antitécnica, subrepticia, con abiertos conflictos de interés, debido a que existen diputados y alcaldes conectados directamente a empresas que, si el presidente Giammattei lo permite, tendrían puerta libre para vender toda clase de productos sin las debidas exigencias de calidad, a precios antojadizos y sin siquiera tener que competir en cotizaciones abiertas.

Dentro de la alteraciones más escandalosas, nunca discutidas previamente ante la ciudadanía, precisamente para evadir el criterio ciudadano, está el abusivo aumento de las compras categorizadas como “de baja cuantía”. Estas tenían Q25 mil de límite pero que con los cambios podrán ser hasta por Q100 mil, adjudicadas a dedo, sin mayores formalidades o exigencias. Ni siquiera se necesita que el proveedor esté inscrito en el Registro General de Adquisiciones ni que presente oferta por vía electrónica. En otras palabras, podrían participar hasta empresas fantasma o de cartón, algo que ya ha ocurrido a pesar de las restricciones y que podría dispararse de manera vertiginosa.

¿Desea el presidente Giammattei avalar este tipo de despropósitos e imprudencias? En un análisis práctico, centrado en principios y no en conveniencias, queda claro que el mandatario está llamado a vetar las reformas, por sus implicaciones y por estar muy mal hechas de forma y fondo. Además, el propio presidente del Congreso lo nombró como el supuesto inspirador de tales cambios, al decir que obedecían a una “promesa” que Giammattei hiciera, cuando era candidato. ¿Eso fue lo que prometió?

No se niega que sea necesario contar con una legislación adecuada, ágil y moderna para facilitar las compras de insumos o la contratación de servicios en todos los estamentos del Estado, incluyendo a las municipalidades. Pero para plantear eso no hacen falta parches sino un trabajo profesional, técnico, inteligente, que viabilice la formulación de una nueva normativa, que tome en cuenta las actualizaciones tecnológicas, que permita la intervención y fiscalización activa, en tiempo real, de la Contraloría General de Cuentas, y que desincentive, por supuesto, cualquier pifia de corrupción.