Cuando se pica el hormiguero, las hormigas se enfurecen y corren en caótica histeria colectiva. Sobre los hechos recientes en El Salvador, la subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU., Julie Chung, dijo que es preocupante; el secretario de Estado, Antony Blinken, expresó su “profunda preocupación”; el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, acusó; Luis Almagro, de la Organización de los Estados Americanos, emitió un comunicado; el relator de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, condenó; Jordán Rodas, PDH en Guatemala, manifestó preocupación.

La BBC de Londres, AP, Europapress, DW, Washington Post, LA Times, CNN en español, publicaron titulares similares: “El Salvador: la nueva Asamblea Legislativa, afín a Bukele, destituye a los jueces del Constitucional y al fiscal general”. A solo horas de haber tomado posesión, en la primera acción tomada por el nuevo congreso, con 64 votos a favor, de 84 escaños, los parlamentarios destituyeron a los magistrados y horas más tarde, al fiscal general. La diputada opositora Anabel Belloso, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), señaló: “Estamos en contra del golpe de Estado que diputados de NI promueven contra magistrados”. Cuando el FMLN estuvo en el poder en El Salvador, solo puede imaginarse qué habría hecho el partido de la exguerrilla, de haber contado con mayoría absoluta en la asamblea legislativa.

En las elecciones legislativas que se llevaron a cabo en El Salvador el 28 de febrero de 2021, el partido Nuevas Ideas (NI) de Bukele obtuvo 66.5% de los votos, que es por definición, más que los votos logrados por todos los demás partidos juntos. En la capital, San Salvador, el mensaje fue aún más contundente; NI recibió 70% de los votos. Bukele recibió un fuerte espaldarazo; las elecciones tienen consecuencias.

En su comunicado, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ofreció un sermón sobre lo que deben hacer las mayorías; lo que él cree que es correcto y el electorado salvadoreño ignora. Las declaraciones del Departamento de Estado y la vicepresidenta de EE. UU. los pone en un pedestal moral, sin percatarse de que allí beben del mismo chocolate. El Congreso de EE. UU., bajo control del Partido Demócrata, intentó en dos ocasiones desaforar al presidente de la oposición, Donald Trump; en la segunda ocasión, sin discusión o debido proceso, simplemente votaron. Actualmente hay un proyecto de ley en el Congreso de EE. UU. para ampliar la Corte Suprema, de 9 a 14 magistrados, con la clara y manifiesta intención de que el partido pueda controlar la Corte. El Congreso también busca cambiar las leyes electorales en ese país para favorecer al mismo partido, que, de ser adoptadas en cualquier otro país, serían inaceptables, por facilitar el fraude. Hace pocos días, el Departamento de Justicia allanó las oficinas de Rudy Giuliani, abogado consejero de Trump. ¿Y el gobierno de Biden está “preocupado” por los sucesos en El Salvador?

No es necesario estar de acuerdo con lo actuado por la asamblea legislativa en El Salvador para comprender por qué sucedió. Es una encrucijada retadora, especialmente si se sostiene la posición de que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad deben ser estrictamente acatadas, so pena de poner en peligro el estado de Derecho, pero si la asamblea legislativa, por mayoría absoluta (75%) que requiere su constitución, destituye a los magistrados, esto atenta contra la democracia. La voz del pueblo es la voz de Dios, excepto cuando no estoy de acuerdo.