El totalitarismo concentra todos los poderes estatales en una persona, grupo elitista o partido, y nace de manera violenta o con varias acciones aparentemente de poca importancia. En Centroamérica avanza: reina en Nicaragua y en los últimos cuatro días hubo en Guatemala dos decisiones en esa línea y dos en El Salvador. Allí, a pocas horas de haberse instalado la Asamblea Legislativa con mayoría oficialista se eligió, con el 76 por ciento del total de diputados, todos oficialistas, a Ernesto Castro, exsecretario privado de Bukele, solo dos meses después de llegar al Parlamento. Los magistrados constitucionales y la fiscal general fueron destituidos. Se comprueba quién es realmente el cipote gobernante y ya la Organización de Estados Americanos rechazó esa maniobra, pero no tendrá efecto alguno, como siempre.

En Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) —o más bien sus actuales ruinas— decidió ante sí y de por sí considerar casi un secreto de Estado sus investigaciones iniciadas a partir del año pasado. La excusa parece válida: que no se perjudique la pesquisa mientras se indaga. Pero también suena a pretexto tonto, cuyo fin sería impedir que se conozca todo el proceso antes de la toma de decisiones en pro de politiqueros y pseudopartidos. Es clara la relación existente con las siguientes elecciones, cuyo proceso comenzará realmente en dos años, o sea doce meses antes de la llegada de los ciudadanos a depositar su voto, sin duda inútil, porque en la práctica de nada ha servido.

El Congreso de Guatemala fue escenario el viernes de un cambio igual de burdo a la Ley de Contrataciones del Estado, al elevar a Q200 mil el monto de compras directas de las municipalidades, sin licitación, decididas “a dedo” por las sus autoridades, algunas de ellas, sobre todo en los departamentos, ya verdaderas sucursales de la delincuencia de toda clase. La promotora fue la pro oficialista Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), también instalada ahora en el reino de la oscuridad, junto con el TSE. Muchas corporaciones ediles de municipios pequeños ya están cooptadas por grupos ilegales, y los pingües negocios de obra civil, otorgados a cualquiera pese a las anteriores limitaciones, prosperarán en forma imposible de prever, pero lo cierto es que serán innumerables.

Los oficialistas aplaudieron a rabiar la ley aprobada, cuyo borrador se debe al presidente de la Anam, y esto ya debe ser motivo muy justificado de preocupación para esa no tan bien oculta ruta hacia el totalitarismo. El TSE despertó sospechas generalizadas sobre sus decisiones por la interpretación antojadiza de las leyes, a causa del contubernio de sus autoridades con el actual gobierno, pieza fundamental en su designación. Esa absurda fidelidad a las peticiones —perdón, exigencias— de quienes decidieron la designación de ese tribunal terminará con la poca confianza remanente, mínima al compararla con la existente cuando personas sin tacha integraban el TSE. La verdadera democracia se diluye si la población desconfía del resultado electoral.

Centroamérica se mantiene en la cúspide de burlas a la ley, sobre todo por cambios impuestos merced a la acción inmoral de las bancadas oficialistas y sus adláteres. Desaparece la confianza de inversionistas extranjeros y locales. Todas estas acciones están claramente relacionadas y a esto se agrega haber pasado los tiempos de hablar de soberanía, pues la realidad actual se interpreta como una forma de esconder arteras intenciones para buscar el provecho de determinadas personas, cuya deshumanización las lleva a robar el dinero que se debería invertir en mejorar la salud y la educación, por ejemplo. El totalitarismo, queda claro, necesita de un plan bien orquestado en muchos temas y con numerosos y despiadados cómplices a quienes se deberá el hundimiento de Centroamérica.