Después de su primera fuga en 2001, los decomisos de cocaína en Guatemala y los Estados Unidos disminuyeron, pero después de su recaptura, en 2014, su segunda fuga en 2015, y su final recaptura en 2016, el incremento en incautaciones fue progresivo. Su situación producía inestabilidad en el cartel y otras estructuras le disputaban el territorio.
Después de 2016, los decomisos en EE. UU. siguieron subiendo hasta el 2019. Cayeron al tiempo que el Chapo fue condenado a cadena perpetua en una corte neoyorquina ese año.
Si la captura y extradición del líder del cartel de Sinaloa no determinó por sí sola el comportamiento del narcotráfico, menos sucede con las de los enlaces guatemaltecos para ese y otros grupos del narco. Ocurrió con el guatemalteco Otto Herrera García, y su captura en 2004, cuando fungía como una de las bisagras entre el colombiano cartel de Cali y el de Sinaloa, en México. Herrera era el puente entre los proveedores colombianos y la familia Lorenzana Cordón, en Zacapa, según el expediente del caso en una corte de Washington, D.C., pero no era el único proveedor.
Después de la captura de Herrera en México, y su fuga en 2005, la incautación de cocaína en EE. UU. siguió al alza hasta un año más tarde —en Guatemala no cambió—. Luego hubo un descenso que continuó hasta 2010, tres años después de su última recaptura. Los socios en el cartel de Cali también fueron detenidos y comenzaron a caer los primeros Lorenzana entre 2011 y 2013, sin que ello significara más decomisos en ese lapso.
Corrupción y dinámica entre narcos
En EE. UU., las incautaciones bajaron entre 2012 y 2014. En esa época, cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, denunció que unos dos mil agentes federales en la frontera sur estadounidense estaban en investigación, por sospecha de su involucramiento en casos de corrupción vinculada con el narcotráfico. Sobre Guatemala, desde entonces y antes, el Departamento de Estado ha señalado que la corrupción ha hecho a las instituciones públicas vulnerables a la influencia del narcotráfico.
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Entre 2013 y 2019, la incautación anual de cocaína en el país se elevó, pero había otros factores, además de la captura de extraditables: la muerte y detención de dos jefes de los Zetas, entre 2012 y 2013, en México, que redujo el perfil de la estructura en Guatemala y la violencia que marcó su presencia en el país desde 2008. Aunque menos violencia significaba mejores condiciones para operar y traficar sin llamar la atención de las autoridades, la incautación siguió al alza, igual en EE. UU., hasta 2018.
Datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés) indican que la producción de cocaína subió. Aunque se redujo para 2019, los productores lograron generar más droga procesada empleando menos cultivos. Se atribuye a ello la caída en las incautaciones hace dos años, un descenso también empujado por la efectividad del trasiego y el inicio de la pandemia del covid-19.
Esta situación no afectó el transporte, pero sí la producción, por la dificultad de enviar precursores de contrabando desde Venezuela a Colombia, de donde sale el 90% de la cocaína que se vende en EE. UU., según la DEA.
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En 2020, ocho de cada 10 kilos de coca incautados fueron ingresados al país por vía aérea, aunque las autoridades solamente lograron decomisar la droga después de un tercio de los aterrizajes, muchos de estos en sitios remotos. En 2021 la mayor parte de la droga incautada ha ingresado a Guatemala por vía marítima.
Hasta el 24 de abril recién pasado, las autoridades guatemaltecas habían incautado 976 kilos de cocaína y en EE. UU., han decomisado 25 mil kilos en el mismo lapso. Según el Departamento de Estado de ese país, nueve de cada 10 kilos que incautan también pasaron por suelo guatemalteco. El dato permite establecer el mínimo de droga que toca suelo en Guatemala. Lo que se ha incautado en este país este año equivale aproximadamente al 4% de la droga traficada por este territorio. El otro 96% llegó a manos de las autoridades estadounidenses, pese a que las guatemaltecas han capturado a unas 26 personas que EE. UU. pide en extradición por narcotráfico.