La página en Facebook del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) tiene como prominente encabezado la clásica foto del Che Guevara, con boina, fondo rojo y mirada visionaria que contempla el horizonte del destino de la humanidad. Si careciera de información alguna adicional sobre la naturaleza y aspiraciones de esta organización sindical, este solo hecho sería muy informativo. El STEG escoge asociar su imagen con un icono del marxismo leninismo tropical, del autoritarismo estatal revolucionario sangriento, figura histórica mal interpretada como héroe combatiente de causas nobles. Esta es la cara que ofrece la mayor y principal organización sindical formada por las personas encargadas de educar a la juventud del país.

Hay cerca de 700 sindicatos de empleados públicos y anualmente se incorporan decenas más. Tan solo el Ministerio de Educación tiene más de 51 mil trabajadores afiliados a más de 37 sindicatos; 91%, cerca de 47 mil, son miembros del STEG, dirigidos por Joviel. El segundo sindicato más grande de este ministerio no alcanza a tener 10% de los afiliados que tiene el STEG. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) afirma tener más de 25 mil afiliados. Hay gran cantidad de sindicatos de empleados municipales, pero, indiscutiblemente, los de Educación y Salud son los más musculosos. Son fuerza considerable de choque; su movilización para manifestaciones, protestas y actividades políticas les otorga importante capacidad de “negociación”.

El término “pacto colectivo” parece denotar algo sobre lo que todos están de acuerdo. Nada más lejos de la verdad; son pactos alcanzados entre fuerzas desiguales en las que un equipo tiene el garrote y el otro intenta, por una parte, contenerlo y por la otra usarlo para sus propios fines.

Los efectos prácticos son aumentos generales que no guardan relación con la productividad o mérito, inamovilidad y, especialmente, incremento insostenible del rubro de sueldos en el sector público.

Un reportaje de Urías Gamarro en PL (19/04/2021) recuenta el último acuerdo del pacto colectivo entre el sindicato de trabajadores de la SAT y las autoridades de esa institución, que incluye dos bonos de Q2 mil cada año y una “nivelación salarial”. Informa Gamarro: “(…) cuando la SAT cumpla 23 años de fundación [en junio], cada trabajador recibirá Q2 mil como bono de aniversario, en forma permanente y continuada”. Todo lo recibido por los trabajadores se convierte en derecho adquirido, ventajas económicas. ¿Por qué los tributarios tenemos que cargar con el costo millonario de pagar un bono para celebrar el aniversario de la SAT? Esto sería aparte de las fiestas y el material etílico.

Creo que los sindicatos en el sector público o gobierno no proceden, por dos motivos principales. Uno es que la parte patronal carece de incentivos adecuados; los aumentos generalizados, bonos y prebendas no salen de su bolsillo ni afectan su patrimonio, no carga con los costos, negocian con dineros ajenos. Su incentivo es ceder para mantener la paz y concordia, ganar simpatía y apoyo, sin que le cueste un centavo. Los aumentos y bonos generalizados se perpetúan más allá del plazo por el cual quienes dirigen las instituciones estatales estarán en su puesto.

El segundo es que la organización sindical de empleados públicos le otorga una fuerza de presión política que juega básicamente a sus propios intereses, a costa de los contribuyentes. Su capacidad de choque y enfrentamiento les permite ejercer presión para obtener aumentos y bonos, sin relación con la eficiencia o desempeño.