Un artículo de Nick Miroff en The Washington Post, el 8 de abril, estima que la administración Biden gasta US$60 millones a la semana para alojar a más de 16 mil adolescentes y niños migrantes no acompañados que cruzaron ilegalmente la frontera de EE. UU. y se encuentran en refugios operados por el Gobierno. El portavoz de la Administración de Salud y Servicios Humanos (HHS), Kenneth Wolfe, declaró que el costo promedio por niño “es de US$775 por día, basado en experiencia previa”. Adolescentes y niños permanecen, en promedio, 31 días en custodia antes de ser liberados y entregados a un pariente viviendo en EE. UU. o a un patrocinador elegible, de manera que el Gobierno gasta US$24 mil por cada menor detenido, sin incluir el tiempo que haya pasado en custodia de la patrulla fronteriza. El Gobierno proyecta que, llegado el mes de septiembre, de 22 a 26 mil menores no acompañados arribarán cada mes y necesitarán estar bajo el cuidado de HHS.

Miles de migrantes adolescentes están alojados en centros de convenciones en Dallas, San Antonio y San Diego; otros, en refugios de iglesias en Houston y campamentos de carpas en el sur de Texas. El refugio temporal más grande está en Fort Bliss, una base militar en El Paso, con al menos cinco mil camas. En los refugios, HHS ofrece servicios médicos, programas educativos y recreativos. Este es el gran imán; mande a su niño, pasará algunos momentos difíciles —para los cuales probablemente ha sido previamente entrenado—, permanecerá 31 días en custodia mientras gastan US$775 diarios en él y luego estará libre, en situación legal, en EE. UU. Recientemente circularon en medios algunos videos en los que se aprecia cómo niños pequeños son dejados caer al suelo desde la parte alta del muro en la frontera.

En marzo, las autoridades de EE. UU. tomaron en custodia a 172,331 migrantes, 30% de ellos miembros de unidades familiares, incluyendo 18,890 menores. El Gobierno anunció un contrato de US$87 millones para alojar a familias en habitaciones de hoteles a lo largo de la frontera, mientras se les procesa y luego libera.

El tema migratorio recibe mucha atención. Diariamente se publican en medios y redes sociales datos, cifras, fotografías e historias. Lo que pasa inadvertido es la prestación de servicios migratorios. ¿Cuánto cuesta llevar a un niño de dos años desde Guatemala a pasar una frontera en EE. UU., o a una familia entera? Varios miles de dólares. ¿Quién ofrece estos servicios? Hacer algunas estimaciones, por inexactas que sean, arroja cifras de cientos de millones o miles de millones de dólares al mes; es una industria pujante. Mientras el lente se enfoca en dramas humanos, temas humanitarios y los miles de millones en remesas, la otra cara de la moneda es la industria de servicios migratorios. El tráfico de personas y las organizaciones criminales están íntimamente ligados; en lo que las autoridades ven qué hacen con tanto niño, los carteles hacen sus negocios.

Mientras tanto, a principios de la semana pasada visitó Guatemala Ricardo Zúñiga, enviado especial del Departamento de Estado de EE. UU. para el triángulo norte de Centroamérica. Vino a atender las “causas fundamentales de la migración”, para lo cual se reunió con el presidente, “buenos” jueces y destacadas figuras de la sociedad civil; es decir, líderes de la industria de la protesta que se encargarán de administrar la “ayuda” que brindará la AID. Vino y se fue más rápido que un huracán. La visita de 18 horas y la agenda de Zúñiga es reflejo de lo bien que el Departamento de Estado entiende las causas fundamentales del éxodo del Triángulo Norte.