En el caso de Porras, existe un amparo interpuesto por Acción Ciudadana (AC) que busca anular el acto de juramentación del Congreso en el que fue excluida. Se solicita, además, que se anule el decreto 3-2021, del cual se valió el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, para no juramentarla.
Si la CC declara con lugar el amparo, Porras podría asumir el cargo. Otra vía para la profesional consiste en apelar los dos amparos provisionales por los cuales el Congreso no la juramentó. Estos ordenan al Consejo Superior Universitario (CSU) que tramite de nuevo los recursos de reposición contra su designación.
Si la CC rechaza una eventual apelación de Porras, tendría que esperar a que el (CSU) declare sin lugar los recursos de reposición que pesan en su contra para poder asumir.
En el caso de Vásquez y Paniagua, la Asamblea de Colegios Profesionales, presidida por Milton Santizo, debe resolver las apelaciones que existen contra su designación por falta de idoneidad, explicó Gustavo Galindo, presidente del Tribunal Electoral del Colegio de Abogados.
Santizo benefició al juez Mynor Moto al rechazar una apelación que buscaba frenar su elección como magistrado titular de la CC. Su nombre también figura en una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, según la cual una constructora de su propiedad obtuvo un contrato en la Facultad de Ingeniería de la USAC mientras Murphy Paiz era el decano. Según las pesquisas, la obra podía estar sobrevalorada.