Independientemente de quién gane las elecciones presidenciales de Perú, entre 18 candidatos, y de Ecuador, en segunda ronda, desarrolladas ayer, ambas naciones sudamericanas comparten, junto con otras del continente, una epidemia muy anterior a la pandemia de covid-19, pero que también ocasiona muertes, dificulta el desarrollo y su tratamiento radica en una mayor exigencia ciudadana, el divorcio entre las realidades nacionales y las clases políticas, empecinadas en seguir dando vueltas al círculo vicioso de la demagogia, la polarización y los clientelismos.

Sin duda alguna, el coronavirus se ha convertido en un agravante de las limitaciones crónicas que ya acarreaban estos países. En el caso de Perú, se señala atraso en la compra y administración de vacunas, así como un elevado número de víctimas a causa de un sistema de salud cuyas deficiencias quedaron al descubierto. Una situación similar se vive en Ecuador, cuyo gobierno ha culpado de la demora al incumplimiento de las farmacéuticas en los pedidos.

Las expectativas en ambos países también son coincidentes, y no solo en referencia a la lucha contra el covid, sino al fundamental combate de la pobreza, provisión de mejoras en educación, demanda de empleos y modernización de la administración estatal. De nuevo son flagelos que no solo afectan a Perú y a Ecuador, sino a varias naciones latinoamericanas, hastiadas de los soliloquios burocráticos, los extremismos artificiosos y la repetición de promesas de uno u otro signo que a la larga no se concretan, por falta de agendas integrales.

Ambos países tienen su propio devenir histórico, sus características sociopolíticas y realidades culturales, pero es posible extrapolar los argumentos de campaña que precedieron sendos eventos electorales y encontrar similitudes con promesas expuestas en campañas de otros países, incluyendo Guatemala, que no hace falta recordar. Son recurrentes los argumentos que exacerban posturas opuestas basadas en estereotipos y resentimientos. Tales dicotomías rancias y divisionismos prejuiciosos únicamente dejan sociedades heridas, escindidas y, peor aún, cada vez más escépticas sobre el verdadero potencial de la democracia. Justo allí está el peligroso contagio: anhelar autoritarismos maquiavélicos o veladas dictaduras de caudillos manipuladores.

La proliferación de partidos políticos, como ocurre en Perú y también en Guatemala, no significa más pluralidad o más representatividad, sino solo una multiplicación de cascarones electorales utilizados por exgobernantes señalados de corruptos, tránsfugas, burócratas reciclados y subrepticios alfiles del crimen organizado.

Solo la ciudadanía puede vacunarse contra esta grave infección de la democracia, con una actitud de madurez crítica para demandar desde ya el cumplimiento de las leyes, de los procesos de transparencia y la depuración del aparato público. Aún no desaparecen los ecos de la campaña política del 2019 y ya se escucha el barullo de figurones que parlotean utopías simplistas y vacuos discursos en redes sociales, para venderse como benefactores gratuitos de la población más necesitada. Es entonces donde las instituciones deben cumplir su deber. En el caso guatemalteco, corresponde al Tribunal Supremo Electoral frenar el avance de esta andanada eleccionaria anticipada, aunque hasta ahora, más que una vacuna, parece actuar como como un placebo que más bien agrava la situación.