La gran contradicción de nuestros tiempos es cómo, a pesar de la globalización, el acceso a la información y a los sistemas de comunicación eficientes y accesibles, los pueblos se encierran en la protección de su entorno cotidiano y, de manera progresiva y con profundo escepticismo, van perdiendo la capacidad de reflexión y análisis. Quizá esta es una de las consecuencias de la degradación ética y moral de las organizaciones políticas, pero sobre todo es resultado de las estrategias de inteligencia impuestas desde el extranjero, cuyo objetivo es entorpecer la participación popular en decisiones que le competen y centralizar estas en función de otros intereses.

Desde el siglo pasado, la eliminación de líderes carismáticos y comprometidos con el desarrollo de sus pueblos fue ganando impulso en los países latinoamericanos al extremo de cercenar los movimientos populares, abriendo paso a las más crueles dictaduras y obstaculizando cualquier intento de independencia de nuestros países. Al mismo tiempo, y mientras el imperio estadounidense daba un golpe de puño sobre la mesa para imponer sus intereses y los de sus consorcios, los gobernantes corruptos recibían prebendas y se les abrían las bóvedas de los bancos del primer mundo para depositar en ellas la riqueza de los pueblos.

La capacidad ciudadana para intervenir en la toma de decisiones trascendentales, de las cuales depende su presente y su futuro, fue derivando en una peligrosa apatía que permitió el traspaso de bienes públicos hacia grupos empresariales que se enriquecieron de manera grotesca con su explotación. De ese modo se consolidaron tanto la debilidad de los Estados como el poder de los grupos económicos, favorecidos gracias a su influencia en los ámbitos político y judicial. A partir de ello, todas las políticas públicas se asociaron al nuevo sistema y, bajo la consigna de un nuevo modo de concebir el desarrollo —un neoliberalismo tropicalizado— perdieron terreno la educación, los sistemas de salud pública y las iniciativas de protección del territorio y sus riquezas.

Este nuevo modelo ha intentado apagar —con métodos violentos y también solapados— la chispa de resistencia que todavía brilla en algunos pueblos del continente. Muchos de los gobiernos, instalados en el poder por obra y gracia de los fondos recibidos de quienes se han beneficiado de la corrupción y del crimen organizado, han regido a nuestros países de manera ilegítima aunque legal —gracias a la manipulación legislativa— y han terminado por degradar hasta la idea misma de una democracia real, participativa e incluyente.

Somos hijos de la guerra. De una guerra cruel y solapada que ha condenado a las dos terceras partes de la población de nuestro continente a una miseria injusta, a la desnutrición crónica y a la pérdida de su dignidad humana. Esta masacre lenta y progresiva se ha perpetrado gracias a la eliminación física y moral de los verdaderos líderes populares; de aquellos hombres y mujeres que han puesto el pecho ante las balas y no han retrocedido ante las tácticas de desinformación y desprestigio elaboradas y divulgadas por quienes se han apropiado de nuestras tierras y de nuestras vidas.

Los discursos populistas de las campañas que hoy culminan con elecciones de nuevos líderes en algunos países del continente no han cambiado en más de un siglo: son los cantos de sirena de un sistema deshumanizado cuyo poder se consolida a pasos agigantados, confiado en la certeza de que a la ciudadanía le han quitado todo: el último aliento de esperanza y el último arresto de rebeldía.