“Los habitantes tienen el derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria, primaria y básica, dentro de los límites de edad que fije la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado proveerá becas y créditos educativos. La educación científica y tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y ampliar permanentemente. El Estado promoverá la educación especial, la diversificada y la extra escolar”, manda el artículo 74 constitucional. Hago hincapié en que manda, pues luego de leerlo cualquiera pensaría en una novela de ficción.

Durante la pandemia, si bien hemos visto la debilidad institucional del Organismo Ejecutivo en su conjunto, la precariedad de dirección, administración, gestión y respuesta del Ministerio de Educación es pavorosa y no genera ninguna reacción ciudadana. Los estudiantes del sector público si pretenden estudiar deben completar guías entregadas y las comunicaciones se hacen por medio de correo electrónico o redes sociales. Los patojos, deben acudir a instrucciones en videos de YouTube de cualquier otro país al requerir más claridad.

Los niños de preprimaria y primaria reciben su material por correo electrónico y luego deben entregar resuelto y completado en los establecimientos de forma física. No hay planteles impartiendo clases con interacción digital de forma institucional en los establecimientos públicos urbanos, ni pensarlo en los rurales. Los estudiantes de la Universidad de San Carlos sí tienen clases virtuales, pero cada uno de los miles de destinatarios debe costear su acceso a la red. En establecimientos privados, dependiendo del monto de colegiatura, es que se usan plataformas y herramientas para que los estudiantes accedan a clases.

No hay por parte del Gobierno ningún interés por mejorar el sistema educativo en la emergencia sanitaria; al contrario, vamos en retroceso y no hay respuesta. Si vemos México y El Salvador sí hay esfuerzos oficiales para garantizar, por lo menos, acceso y determinadas formas de interacción escolar. Acá los muchachos están, si tienen dinero para acceso a la red, con alguna posibilidad de recoger material, y si no tienen dinero, excluidos.

La causa no es desidia o incompetencia. En nuestra historia, pero sobre todo en el enfrentamiento armado, se evidenció miedo a la educación. Recordemos la frase de aquel coronel recogida por Irene Piedra Santa en su investigación Alfabetización y poder en Guatemala, “después de la alfabetización viene el comunismo”, y sabemos que buena parte del partido oficial se nutre de ese pensamiento setentero.

En el mundo existe un verdadero debate sobre el contenido de la educación, se discute si el sistema prepara consumidores o ciudadanos. Acá, al parecer, queremos crear mano de obra barata y no empoderada, o bien muchos seguros migrantes. La Universidad de San Carlos goza de iniciativa de ley, pero como está más preocupada por sus líos internos, brilla por su ausencia, y mientras tanto las grandes operadoras de internet hacen su agosto al vender millones más de lo usual sin que el Estado exija en la emergencia.

“Toda actividad educativa deliberada, con mayor razón la escolar y la universitaria, debe operar sobre la base de una idea del hombre, un concepto de su naturaleza, de su esencia, de su destino”, dijo Juan José Arévalo, nuestro Maestro Presidente. Las instancias oficiales están en una improvisación vergonzosa generadora de muchachos menos competitivos y en franca ampliación de la brecha social. La educación no es ningún privilegio. La ministra de Educación y el presidente ya hubieran tenido que responder a su pueblo porque sabemos que la dirigencia sindical del magisterio solo para trinquetes se apunta.

La Constitución se viola también cuando no se hace lo que obliga, y acá vemos una violación sin consecuencias.