Los inicios de lo que hoy se conoce como el Consejo Económico y Social de Guatemala como órgano consultivo del Estado, tiene su origen en las conversaciones de diferentes sectores y líderes desde hace ya más de dos décadas. De hecho, en el Encuentro Nacional de Empresarios Enade 2006, recuerdo cómo Jaime Montalvo, expresidente del Consejo Económico y Social de España, expuso acerca de la importancia de los pactos económicos y sociales en el desarrollo de un país, para promover un clima de inversión adecuado. En su mensaje comunicó sobre la importancia de generar consensos y lograr alianzas de beneficio nacional.

Las conversaciones y acuerdos que se desenvolvieron entre diferentes sectores sindicales, cooperativistas y empresariales, ayudaron a ir construyendo la necesaria confianza para que en el 2012 se aprobara el decreto 02-2012 ley orgánica del Consejo Económico y Social de Guatemala (CES), como una institución permanente de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto propio y autonomía para el cumplimiento de sus fines.

Uno de los grandes bastiones del CES es mantener un espacio de diálogo social permanente entre los sectores productivos, propiciando que las opiniones concertadas se traduzcan en políticas públicas y que estas se constituyan en una estrategia de desarrollo, apoyando a que las políticas de cooperación internacional se subordinen a las políticas públicas que gestionen e implementen los organismos del Estado.

Esto es una gran oportunidad para Guatemala, ahora que como bien han presentado ante diferentes sectores, se ha elaborado el Plan de Reactivación Económica y Social (Pres) por parte del CES, que concatena su agenda estratégica con los 17 objetivos de desarrollo sostenible y las 10 prioridades nacionales de desarrollo.

El Pres se basa en algunos componentes sustantivos con base en las diferentes políticas del Estado guatemalteco, dentro de las cuales es importante mencionar la Política Nacional de Competitividad 2018-2032, la Política Nacional de Empleo Digno 2018-2032, la Política Económica en el marco de los acontecimientos del covid-19 y las tormentas tropicales que azotaron al país el año pasado, la conectividad para el desarrollo e infraestructura para la competitividad, la Política de movilidad humana y atención integral al migrante, la agenda de inversión para el desarrollo social, el desarrollo rural, la Política de descentralización y desconcentración y una visión estratégica en materia demográfica.

Este gran esfuerzo de concertación y diálogo entre representantes de sindicatos, cooperativistas y empresarios es un espacio importante para llegar a ciertos acuerdos mínimos sobre indicadores que a nivel nacional pudieran empezarse a monitorear, desde un espacio tan diverso de la sociedad y generar recomendaciones para su avance. Por ejemplo, para aumentar la calidad de la inversión en educación, salud, seguridad, justicia, infraestructura vial o para fomentar acuerdos que permitan establecer un incremento necesario a la formación bruta de capital fijo, que tanta falta le hace a nuestro país.

En hora buena al presidente del CES, consejeros titulares y delegados suplentes, así como a su secretario técnico por este importante ejercicio de haber consensuado un plan y fomentar ese liderazgo en los diferentes sectores productivos. Considerar múltiples visiones para poder hacer recomendaciones al Estado con base en principios, será esfuerzo clave en los siguientes meses, para buscar soluciones colectivas a los problemas que nos aquejan a todos como sociedad.