Por fin terminó el miércoles el tormentoso proceso previo a la integración de la Corte de Constitucionalidad. Tres de sus integrantes son repitentes: Dina Ochoa, (escogida por el Congreso); Gloria Porras, (Usac) y Roberto Molina Barreto (Corte Suprema). Son nuevos Nester Vásquez (Colegio de Abogados) y Leyla Lemus (representante de Giammattei). El interés ciudadano se centra ahora en los últimos cuatro designados, Vásquez, Lemus, y los suplentes Juan José Samayoa y Walter Jiménez Texaj, estos dos últimos sin un pasado polítiquero y por ello merecedores del beneficio de la duda. De ellos conozco desde hace años al licenciado Samayoa, quien me parece un abogado de buena trayectoria, y arriesga prestigio al aceptar el cargo.

Leyla Lemus, agraciada según la definición de recibir un favor sin merecimiento particular, se convirtió en el centro de ese interés, porque aunque algunos desconocen su trayectoria con el Derecho Constitucional, al hurgar en su hoja de vida en actividades gubernativas se descubre a alguien con evidente interés en ascender dentro de los vericuetos del Estado, en puestos de poco conocimiento público. Comenzó con Berger como parte del desaparecido Fonapaz cuando la dirigía Edgar Ajzip, quien ha seguido muy activo en la farándula politiquera. Con Colom, es decir, con Sandra Torres, la ahora integrante de la CC fue directora jurídica de la Contraloría General de Cuentas. Ha tenido señalamientos diversos, como obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.

Amistades influyentes en el Ministerio Público le han lanzado salvavidas y logró seguir adelante. También fue gerente del IGSS y luego logró ascender a la Secretaría General de la Presidencia, puesto al cual solo se puede llegar si se tienen relaciones de amistad –nuevas o profundas– con el mandatario. Pasar de ese puesto de confianza a uno de interpretación del texto constitucional es en realidad “muy jalado”, como se dice popularmente, y por ello sin duda no podrá pensar siquiera en ser independiente en su criterio jurídico. Fue puesta para acatar órdenes. A causa de la personalidad explosiva de Giammattei, será considerado traición actuar conforme a Derecho. Sigo al viejo refrán: estoy pensando mal porque es una forma segura de acertar.

De la anterior participación en la CC de Molina Barreto, la prensa destacó ayer su voto favorable a crear el cuestionado Transurbano en tiempos de Sandra Torres, su oposición a retirarle la inmunidad a Otto Pérez Molina, y su apoyo a anular la sentencia contra Ríos Montt. Fue además procurador general de la Nación durante el gobierno de Berger. Todos estos datos de los ahora integrantes de la CC reflejan realidades y no constituyen opiniones ni consideraciones de otro tipo, las cuales vendrán a partir del 14 de abril, cuando tomen o retomen posesión. Conocer esto permite tener ideas de sus posibles dictámenes e interpretaciones constitucionales, de los cuales dependerá la vida o la muerte de esa desfalleciente institución del aparato jurídico nacional.

No se puede dejar de destacar la forma de la escogencia, ya calificada de errónea, poco clara y lamentable. Pero es un hecho: ya está integrada y ahora solo podría haber impugnaciones a los magistrados electos por la Usac y el Colegio de Abogados, aunque de haberlas, solo contribuirían a afianzar la desconfianza y el cansancio populares acerca del exceso de posibilidades legales convertidas en verdaderos valladares para la función del Estado. A estas alturas solo se puede exigir a los integrantes de esta CC tener plena conciencia de la constante y profunda vigilancia, tanto interna como externa, acerca de sus actividades. No solo están juego su prestigio profesional y personal, sino su lugar ante ese tremendo juez, de veredicto inapelable, llamado Historia.