En el 2017 debía entregar el poder el presidente hondureño Juan Orlando Hernández, pero una amañada reforma constitucional —por cuyo intento un mandatario anterior fue expulsado del Gobierno— lo llevó a ganar una elección con sombra de fraude. Este otro período finaliza el próximo año. Joh, como le llaman coloquialmente, por sus iniciales, en su país, solo puede exhibir como la más notoria característica de su mandato el exponencial crecimiento de caravanas migrantes hacia EE. UU. a partir de octubre de 2018.

Coincidentemente, en noviembre de 2018 se produjo en EE. UU. la captura del exdiputado Tony Hernández, hermano del presidente. Fue enjuiciado y hallado culpable en octubre de 2019 de los cargos de trasiego de drogas a EE. UU. El nombre del gobernante Joh salió a luz como parte de los testimonios durante el proceso. Este negó cualquier conexión ilícita, aduciendo que son calumnias urdidas por carteles a los cuales ha combatido. Para el 23 de marzo próximo se espera la sentencia de Tony Hernández, la cual ha sido aplazada por recursos legales.

Ayer se complicó el escenario para Joh, pues la Fiscalía de Estados Unidos lo señaló directamente de estar vinculado con el tráfico de “toneladas de cocaína, armas, violencia, asesinatos brutales, sobornos y corrupción”, según lo declarado en una corte de Manhattan, Nueva York, como parte del juicio en contra de otro narcotraficante, Geovanny Fuentes, a quien se acusa de haber sido socio del mandatario, al que supuestamente entregó sobornos. El fiscal Jacob Gutwillig declaró ante el jurado que el presidente hondureño y Fuentes “planificaron enviar tanta cocaína a Estados Unidos como pudieran”. Una acusación sin precedentes.

Según la Fiscalía, el cartel tenía total impunidad e incluso protección para sus cargamentos, debido a los sobornos pagados a políticos, militares, policías e “incluso al presidente”, según el alegato que concluye calificando a Honduras de ser un “narcoestado”. En ese país se registra el actuar impune de bandas delictivas, la falta de proyectos funcionales de desarrollo y el estancamiento económico de la gran mayoría de la población, cuya pobreza contrasta con el bienestar de una minoría, según señalan medios críticos hondureños.

En el Congreso de EE. UU. ya se mueven iniciativas para cortar cualquier tipo de asistencia a Honduras, al menos mientras se desvanecen los comprometedores indicios que apuntan hacia el presidente. Lamentablemente será la ciudadanía más vulnerable la principal afectada por esta interrupción en programas de ayuda, y ello a su vez podría detonar una nueva oleada de migrantes. La crisis apenas comienza para el gobierno hondureño y se asoman las primeras exigencias de dimisión.

Este caso puede llegar a ser paradigmático, por el alto nivel de administración pública al que involucra. La postura estadounidense de batalla total contra el narcotráfico y todas sus modalidades de corrupción mediante sobornos, amaños legales, cooptación de cargos y financiamiento electoral ilícito apenas comienza también. Cabe recordar que un excandidato presidencial guatemalteco, fundador del suprimido partido Unión del Cambio Nacional —aliado clave de la bancada oficialista en el Congreso—, se encuentra detenido en EE. UU. después de haber aceptado los cargos de narcotráfico. Es tiempo quizá de recordar aquel antiguo pero vigente refrán que reza: Cuando veas las barbas de tu vecino cortar…