Aunque la percepción general que se tiene sobre este tribunal es que la mayoría de sus resoluciones competen a procesos penales y disputas políticas la realidad es otra. Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) en el 2019 los casos “polémicos” abarcaron apenas un 5% del total de sus resoluciones.
Muy diferente al hablar de fallos en materia económica, cuya mayoría pueden pasar inadvertidas, donde la CC abarcó el 60% de sus sentencias; entre ellas se incluyen demandas laborales, asignaciones presupuestarias y hasta disputas de mayor envergadura que tienen relación con transnacionales y la extracción de recursos.
Este último tema relacionado directamente con proyectos mineros e hidroeléctricos, que a criterio de empresarios están afectando seriamente la imagen de la nación por transmitir una sensación de incertidumbre legal que termina ahuyentando a posibles inversionistas.
Pero analistas aseguran que tampoco se pueden dejar a un lado los procesos relativos a la corrupción, ya que aunque representen la menor cantidad de expedientes en la CC esas resoluciones demuestran si hay avances o no en el sistema judicial.
Indicios que añaden son vitales para nuevos inversionistas, ya que nadie estaría interesado en apostar su capital en un país en donde además de pagar impuestos y trámites administrativos también tendrían que tener fondos pensados para el pago de sobornos.
Para este miércoles se estima que el Organismo Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hagan sus designaciones, con lo que se conociera a totalidad la nueva integración de la próxima magistratura que comienza sus funciones el próximo 14 de abril.
Actualmente existen impugnaciones contra los nombramientos que hizo el Consejo Superior Universitario (CSU) y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang).
Certeza jurídica
Este aspecto es vital para el sector empresarial y es, a su criterio, una de las mayores deudas que está dejando la CC saliente. Señalan que el cierra de minas golpeó seriamente en la recaudación fiscal y en la imagen pública nacional para la atracción de inversionistas.
Nils Leporowski, presidente del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), destacó que tan solo con el cierre de Mina San Rafael se perdieron 3 mil fuentes de empleo directos y Q600 millones en concepto de impuestos.
“Estos eran proyectos que ya habían sido autorizados, que ya habían cumplido con los requerimientos de ley y por una mala interpretación que dio la CC, porque así es, sobre el convenio 169 que no es vinculante pero que ellos lo hacen vinculante y cierran varias minas del país que no solo generaban empleos, pagaban millones en impuestos al país y el mensaje que dio el país con esas resoluciones al mundo fue que en Guatemala no hay certeza jurídica para la inversión”, señaló.
Luis Miguel Castillo, presidente de la Junta Directiva de CBC, comentó recientemente en un foro digital coordinado por el Vance Center for International Justice, que la certeza jurídica es clave para el crecimiento y desarrollo social.
“Esa debilidad del estado de Derecho nos está llevando a temas complicados, Guatemala es un país pequeño pero bastante estable en los últimos 15 años porque hemos crecido alrededor del 3%, un poco por encima del promedio de América Latina, pero ese promedio no ayuda a salir adelante, necesitamos por lo menos otros 3% para aspirar a ser un país mejor en 15 o 20 años (…) pero difícilmente vamos a traer inversión si no tenemos resuelto los temas como nos ven de fuera, si vengo yo a poner una inversión de una minera o una hidroeléctrica no tengo certeza jurídica después de haber pasado por todo el proceso”, preciso.
Corrupción y elecciones 2023
Otra de las responsabilidades que tendrán los nuevos magistrados de la CC será definir el futuro de los casos por corrupción que dejó la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y que aún se ventilan en los tribunales nacionales.
Alianza por las Reformas incluso señala que fue por el temor a esas investigaciones y sus alcances que grupos oscuros emprendieron una campaña de desprestigio y batalla legal en contra de la entidad anti corrupción, que finalmente fue disuelta durante la administración de Jimmy Morales.
Pero Edgar Ortiz, analista de Fundación Libertad y Desarrollo, opina que además de tener que resolver estos expedientes penales los nuevos magistrados van a jugar un papel clave en el sistema de pesos y contrapesos, así mismo cuando se disputen las próximas elecciones generales.
“Los eventuales limites que haya que ponerle al Congreso porque ya hemos visto en el pasado con las reformas al Código Penal, ley de ONG y de Reconciliación Nacional, ya después, a largo plazo, va a ser una Corte que tenga un rol importantísimo en las próximas elecciones porque en 2019 fue la CC quien depuró el tablero electoral y esta CC va a ser quien depure el próximo”, indicó.
El desgaste de la CC
Muchos están contando los días para que la actual CC cambie a sus autoridades. Analistas de diferentes vertientes coinciden en señalar algunos momentos que fueron complejos durante la actual magistratura constitucional.
Frenar la expulsión de Iván Velázquez, ordenar al Congreso que no discuta la Ley de Reconciliación Nacional, incluso resoluciones relativas a antejuicios contra propios magistrados constitucionales.
También prolongar el tiempo de la CSJ y el fallecimiento de uno de sus magistrados titulares junto a la renuncia de otro por temas de salud que llevaron a algunos sectores sociales a decir que la CC se encontraba desintegrada, son algunos de los momentos que marcaron de forma negativa a la actual magistratura.
Pero a criterio de Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación Contra el Terrorismo, el mayor evento perjudicial que propició la Corte fue la constante contradicción a los poderes de Estado que él llega a calificar como intromisión.
“Si la mayoría de los nuevos magistrados son independientes y respetuosos de la Constitución el mayor reto que van a enfrentar es regresar a la CC a la vía del respeto a la Carta Magna, que ya no sirva más como un instrumento político e ideológico para absolutamente nadie”, destacó.
Para Elvyn Díaz, de Alianza por las Reformas, frenar el “non grato” contra el exjefe de Cicig fue crucial, “ese es el primer asunto complicado que debió enfrentar la CC y le llevó a la línea de fuego contra los grupos que se organizaron para dar fin a la Comisión, que estuvieron encabezados por el entonces presidente pero sabemos muy bien que son personas que se vieron afectados por las investigaciones”.
