En Guatemala es recurrente discutir los efectos y no las causas que producen la terrible situación de los femicidios, asesinatos contra mujeres y niñas, solo por el hecho de ser mujeres. Las cifras son escalofriantes, y la lista de acciones y esfuerzos realizados hasta ahora son diversos, pero insuficientes. No es posible que una niña deba pagar con su vida el precio de esa estructura de violencia y discriminación hacia las mujeres que tanto daño ocasiona a nuestra sociedad.

En el contexto de la pandemia covid-19, la violencia contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia intrafamiliar, ha escalado dramáticamente. El confinamiento refuerza el aislamiento de las mujeres que tienen compañeros violentos, separándolas de las personas y los recursos que mejor pueden ayudarlas. Es la situación perfecta para ejercer un comportamiento controlador y violento en el hogar. Las mujeres se vieron de un momento a otro sin ninguna protección y sin los recursos para pedir ayuda o abandonar una situación que pone en riesgo sus vidas.

El impacto es devastador. En lo que va del presente año, el Ministerio Público registra 23 víctimas de femicidio y 2,648 denuncias, y en el 2020 registró un promedio de 202 denuncias diarias por los delitos de violencia contra las mujeres. Esta es una situación insostenible que nos concierne a todas y todos, nos afecta a todas y todos, y requiere un esfuerzo concertado y urgente por parte de toda la sociedad. Ya no podemos permitirnos que una Isabel, una Claudina, una Alba, una Sharon, una Hillary, una niña, una adolescente, una mujer siga siendo privada del derecho fundamental a la vida y de su bienestar.

La pandemia covid-19 amenaza con hacer retroceder los avances logrados en cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El ODS 5, sobre Igualdad de Género, entre otras plantea la meta de “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado”, pero está en riesgo de no ser alcanzado. Si bien esta crisis reveló las debilidades estructurales de nuestros sistemas y respuestas para abordar estas formas de violencia, presenta oportunidades para reconstruir, colocando al centro de todas las acciones a las mujeres, las jóvenes y las niñas.

Para lograr erradicar este flagelo no es suficiente castigar a los agresores; la prevención y la atención son fundamentales. Se ha hecho evidente que la igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

De esta manera, se hace urgente un compromiso de Estado para implementar políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la violencia y la discriminación contra las mujeres. Asimismo, avanzar con la agenda legislativa para la igualdad que el movimiento de mujeres ha presentado en el Congreso; invertir en las capacidades productivas de la mayoría de las mujeres que hoy por hoy no cuentan ni siquiera con ingresos propios; atender las condiciones de desigualdad que obstaculizan su participación en los puestos de toma de decisión; invertir en las instituciones de seguridad y justicia para que tengan la cobertura necesaria y puedan responder a tiempo; poner al centro y como prioridad las metas del Objetivo 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible.

Es claro que eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo un desafío, pero solo si transformamos la situación de desigualdad de las mujeres en la sociedad podremos garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia.

*Representante de País ONU Mujeres