Aun antes de que se definiera la reciente elección presidencial de Estados Unidos, ya la agenda bipartidista era clara y evidente en cuanto a reforzar el combate de la corrupción, como instrumento fundamental para impulsar una agenda de desarrollo a mediano y largo plazos en el Triángulo Norte, que es a la vez un factor determinante para reducir la migración de centroamericanos hacia aquel país.

Era, entonces, previsible que la administración de Joe Biden actuaría de manera rápida y robusta en la estructuración de una nueva agenda de incentivos, pero también de sanciones contra personas y grupos que han hecho de la impunidad un medio de vida, una moneda de cambio e incluso un recurso para tratar de socavar la verdadera función del Estado en favor de intereses aviesos.

La llamada lista Engel de corruptos, ley federal aprobada en las postrimerías del 2020, es la prueba fehaciente de la convicción común de demócratas y republicanos para reforzar la institucionalidad y el régimen de derecho en países como Guatemala, que se ven conculcados por el asedio de grupos del crimen organizado, bandas del narcotráfico y gavillas dedicadas al expolio de los recursos públicos a través de contratos amañados, obras sobrevaloradas, compras adjudicadas a dedo e incluso el aprovechamiento ilícito de fondos destinados a mejorar la salud, la educación y la infraestructura. Obviamente, al no conseguirse estos avances, se potencia la pobreza, causa fundamental del éxodo que aún continúa. Para muestra, el reciente accidente en una carretera estadounidense, en el cual murieron guatemaltecos que se internaban indocumentados en pos de un sueño incierto.

Estados Unidos asume ahora un discurso muy diplomático, como debe ser, para expresar su preocupación acerca de la definición de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país, el cual consideran que debe funcionar de manera totalmente independiente y sin injerencias de ningún sector político, y mucho menos de operadores que incluso ya han sido sancionados, aunque eso todavía no parezca hacer mella en sus subrepticias prácticas.

De sobra es sabido que en el Congreso existen algunos integrantes de partidos vinculados con reos confesos de delitos como narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. Alfiles y figuras asociadas a dichos personajes no solo mantienen cargos en el Hemiciclo, sino que conforman nuevos pactos de impunidad, con la aquiescencia del actual oficialismo, el cual pareciera creer que aún se encuentra en aquella primera etapa del gobierno de Trump, que después reaccionó de manera severa, aunque tardía. Uno de los paradigmas señalados ahora por el subsecretario adjunto hemisférico Hugo Rodríguez es la importancia capital que tiene para la propia ciudadanía y para el sector privado del país la existencia de cortes independientes.

A propósito del Bicentenario, cabe acotar que no faltarán politiqueros de rancio abolengo que todavía crean que la región se encuentra en tiempos del Marqués de Aycinena, que solo procuró prolongar privilegios e imponer adláteres, bajo argumentos puritanos, una total necedad en tiempos de competencia global. Es precisamente la certeza jurídica lo único que puede recuperar las inversiones e impulsar la productividad con la vista puesta en un desarrollo humano sostenido. Todo lo demás son pretextos baladíes.