La importancia de que existan órganos de control y contrapeso es que eviten los abusos cometidos por los poderes del Estado. Ese es el caso de la Corte de Constitucionalidad, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. Para ello, una condición sine qua non es que sea un tribunal colegiado, independiente de los demás órganos del Estado. La CC ha jugado hitos importantes en la historia reciente. Por ejemplo, en 1993, cuando la presidía Epaminondas González, declaró inconstitucional el autogolpe de Estado de Jorge Serrano Elías, lo que evitó que se consumara el rompimiento del orden constitucional. ¿Qué hubiera sucedido si los magistrados del alto tribunal constitucional hubieran respondido a las directrices del poder Ejecutivo? Los magistrados de la CC de ese entonces mantenían una plena distancia e independencia de los poderes, y eso permitió que se protegieran las instituciones del Estado.

Para lograr sus propósitos, Serrano Elías trató de disolver la Corte de Constitucionalidad, pero no lo consiguió. En la actualidad las mafias utilizan otro método para ponerla de rodillas: la colocación de magistrados venales a su servicio, para doblegar al máximo tribunal constitucional. Eso constituye una total aberración porque desarma a la CC de su esencia: su independencia de los demás órganos del Estado. Para ello se ha urdido un acuerdo espurio entre la clase política clientelar, el crimen organizado y el gran capital, para contar con una corte domesticada. El primer paso lo dio el Congreso, con la reelección de Dina Ochoa, que sirvió al expresidente Jimmy Morales y ahora está plegada a la alianza oficialista. A ella la acompaña el diputado Luis Rosales, del partido Valor, cuyo objetivo es garantizar la próxima participación presidencial de Zury Ríos, pese a ser inconstitucional.

En ese pacto criminal ocupan un lugar preponderante el presidente Alejandro Giammattei y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que no se puede esperar que puedan elegir magistrados independientes de los intereses de las mafias. La academia también ha sido golpeada por la infiltración de los poderes fácticos. Solo así se puede entender que el rector de la Universidad de San Carlos, Murphy Paiz, haya sido capturado bajo el señalamiento de formar parte de una estructura para incidir en la conformación de magistrados en el Organismo Judicial. Otro tanto ocurre con las sindicaciones contra el exrector Estuardo Gálvez, quien permanece en un hospital privado. La universidad estatal, que durante el conflicto armado jugó un papel valeroso frente a la dictadura militar y sus mejores exponentes fueron vilmente asesinados, hoy ve cómo su dignidad ha sido mancillada por elementos que la han puesto al servicio de intereses mezquinos.

Aunque los integrantes de esas estructuras tengan distintas motivaciones, los une el objetivo de cooptar todos los órganos del Estado. Ya sin organismos de control y contrapeso, podrán hacer lo que quieran, principalmente en materia de corrupción e impunidad. El presidente Giammattei ha sido el artífice de articular ese pacto espurio, con lo que ha tirado por los suelos sus promesas de cuando era candidato presidencial de que iba a encausar el Estado por una senda democrática, de respeto por las instituciones y de luchar contra el saqueo de los recursos públicos. Hoy vemos que ha superado a Jimmy Morales en cuanto a tener una agenda mezquina, favorable a sus financistas de campaña y sin importar que deba aliarse con la delincuencia organizada. Esa coalición criminal no descansará hasta tener el control de la CC y con ello hundir en el pantano el estado de Derecho, lo cual hace con el visto bueno del sector privado organizado.