Con esa resolución se revoca en definitiva lo dictado por dicho juzgado y se ordena que los exfuncionarios señalados sean ligados a proceso penal.
Se trata de Angélica Veraliz García Donis, Jaquelin del Carmen Villatoro Tello, José Alejandro Palomo López, Milton Obdulio Carrillo Sian, Rodolfo Estuardo Ibáñez Cabrera, Roxanda Edith Orellana Valdez de Urbina, Angélica Victoria Morales Batres y Carlos Rafael López Gramajo.
Estas personas son sindicadas por la Feci de la posible participación y comisión de los delitos de falsedad ideológica y abuso de autoridad en el caso denominado “Corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes”.
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El 6 de agosto de 2020, el Juzgado Noveno de Primera Instancia dictó falta de mérito contra los sindicados, según la Feci.
El caso
De acuerdo con el MP, fueron tres hechos en los que los exfuncionarios habrían cometido actos de corrupción durante la gestión del exministro de Cultura y Deportes, Elder Suchité Vargas.
El primero caso es por supuesto nepotismo en la contratación fraudulenta de Ever Eduardo de Jesús Suchité Túnchez, sobrino del exministro Suchité, en enero del 2019, cuyo contrato fue renovado en enero del 2020 por un monto de Q95 mil 741.94.
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El extitular de la cartera también es señalado de tráfico de influencias al haber influido en el exviceministro del Deporte y la Recreación, Mario Monterroso, para que le incrementara el sueldo a Obdulio Alberto Ramos León en la renovación del contrato para el segundo semestre de 2019.
Según la investigación, Suchité Vargas le dijo a Monterroso que el beneficiado también era su sobrino. Hasta junio del 2019 había recibido honorarios por Q10 mil.
El segundo hecho es la compra ilegal de comida para un supuesto evento deportivo escolar en San Luis Jilotepeque, Jalapa.
La Fiscalía detalló que la directiva magisterial de ese municipio solicitó seis mil raciones de comida para los estudiantes que participarían en la 37 edición de Juegos Escolares a celebrarse del 1 al 5 de abril de ese mismo año. La investigación señala que dichos juegos deportivos nunca se realizaron, pero se pagaron alimentos para los niños por Q347 mil.
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La alimentación se compró a las empresas Tamales Huehuetecos, propiedad de Flor Idalia Muñoz, por Q137 mil 160. La segunda compañía que supuestamente proveyó comida fue BBQ Texas Style, propiedad de Bárbara Rosa Solares, y recibió Q139 mil 590; la empresa Event Center, propiedad de Andrea Paola Muñoz, recibió Q70 mil 890 de comida que no proporcionaron, según la Fiscalía.
La investigación descubrió que el 30 de abril del 2019 empleados públicos del ministerio se reunieron para “buscar los mecanismos ilícitos para dar una apariencia de legalidad a las adquisiciones anómalas de alimentos que habían sido realizadas, decidiendo entre otros aspectos, fraccionar las compras que en su conjunto ascendían a la cantidad de Q.347,640”.
Las canchas
El tercer hecho es el supuesto fraude en la adjudicación de contratos para mantenimiento en las canchas de Gerona, zona 1, y en el complejo deportivo Campo Marte, zona 5.
Exfuncionarios y exempleados habrían confabulado para beneficiar a la Constructora Sol, que fue beneficiada en un concurso a pesar de que había otras ofertas más convenientes para los intereses del Estado.
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Por el mantenimiento y reparación de las canchas de Gerona, dicha constructora, propiedad de Leopoldo Solís Icó, fue beneficiada con un contrato por Q690 mil. A esta misma empresa le fue adjudicada el proyecto de servicio y mantenimiento de las instalaciones del centro deportivo Campo Marte, por un monto de Q890 mil 701.56.
