Por su propia naturaleza, es impensable un servicio de transporte de pasajeros que relegue la seguridad de sus usuarios y no ofrezca garantías mínimas de recibir al menos una indemnización básica, en caso de lesiones, discapacidad, incapacidad o incluso fallecimiento a causa de un percance vial.

El transporte de pasajeros, más en núcleos urbanos, se ha multiplicado y diversificado de manera caótica, no solo en el sector de taxis con vehículos de dos ejes, sino también en el segmento de mototaxis, que a menudo invaden vías rápidas, hacen maniobras imprudentes y se enzarzan en carreras por disputarse el pasaje. Grupos de taxistas han participado en protestas y bloqueos de arterias viales para exigir que no entre en vigencia o se aplace el reglamento que les obliga a contratar un seguro de vida, el cual representa un gasto extra para los propietarios de vehículos que prestan el servicio, pero que a la vez constituye una elemental responsabilidad con sus usuarios.

El transporte en vehículos livianos ha crecido de manera exponencial en la última década debido a diversos factores, como la desaparición de algunas líneas de buses y, recientemente, la suspensión de otras durante la pandemia. El servicio de taxis tiene sus ventajas competitivas, genera empleos, pero sin duda también está expuesto a percances, ya sea por causas fortuitas o por impericia, imprudencia o fallas mecánicas, en especial los taxis pirata o no autorizados.

Cabe señalar que un gran número de taxis no extiende factura por el servicio que prestan. Si bien la tarifa de cobro suele ser de común acuerdo con los pasajeros -que son miles a diario, incluyendo los viajes colectivos en los que se comparte el costo del trayecto-, no hay una tributación certera de todos los participantes en este negocio, excepto el pago por licencias municipales y el impuesto de circulación. Quizá se intentaría transferir el costo del seguro a las tarifas, pero ello sería un agravio en contra de quienes a diario les generan trabajo y sustento.

Es posible que la preocupación de algunos descontentos radique en que al contratar un seguro de automóvil -que bien podría ser negociado a escala colectiva- obligaría, en primer lugar, a mantener en buen estado mecánico los vehículos y se haría imperativa una conducción segura, sin sobrecargar los automotores o cometer acciones imprudentes como conducir contra la vía o rebasar en áreas prohibidas.

Cambiar una cultura de controles laxos puede ser difícil, mas no imposible. El seguro debería verse más como una inversión y no como un gasto, puesto que el aseguramiento de las unidades será sinónimo de garantía de calidad en el servicio y un motivo de preferencia de los usuarios. Contar con un seguro puede ayudar a reforzar las regulaciones que ya todos cumplen y tener así una nueva herramienta para limpiar el mercado de competencia desleal.

Atrasar demasiado la vigencia del reglamento es inconveniente, puesto que tales aplazamientos temporales se convierten en permanentes, ya sea por salir del paso o por criterios clientelares. Una situación similar ocurrió en el gobierno pasado con la regulación de velocidad de autobuses extraurbanos: se pospuso el requisito y están a la vista los mortíferos percances. En algunos de estos sucesos trágicos hubo un detalle notorio: las unidades contaban con seguro para los pasajeros, lo cual permite dar alguna compensación a los sobrevivientes o, al menos, a los deudos.