Invertir en Guatemala es una lotería, especialmente si se hace en minería o en hidroeléctricas. Ambas actividades han estado bajo acoso de gente y grupos anticapitalistas que utilizan el medioambiente como justificación a su oposición, que ha rayado en el pasado ataques terroristas contra equipos, maquinaria y personal de los inversionistas. Lamentablemente, la falta de certeza jurídica ha paralizado minas e hidroeléctricas, ahuyentando a los inversionistas y obligándolos a demandar internacionalmente al país. Todos perdemos.

Las cortes, la CSJ (Corte Suprema de Justicia) y la CC (Corte de Constitucionalidad) han emitido resoluciones que están acabando con la actividad minera e hidroeléctrica, con base en análisis ideológicos alejados del derecho. Encima de todo, ante tantas resoluciones emitidas por ambas, las autoridades del MEM (Ministerio de Energía y Minas) han tomado decisiones equivocadas. Tal es el caso reciente de la suspensión de la licencia de explotación de la mina Fénix. Se dejarán de explotar 120 mil toneladas mensuales de mena de níquel, así como quedarán desempleados más de 2,000 trabajadores contratados directamente y unos 4,000 en forma indirecta.

Es inconcebible que un gobierno emita una licencia de explotación minera luego de la infinidad de requisitos que solicitan para que luego, después de una gran inversión y cuando ya está operando la mina, por cuestiones ideológicas y subjetivas de las cortes se cancele. Ya hay demandas a nivel internacional y, tal como va la cosa, el país perderá millones de dólares por esta falta de cumplimiento a las licencias otorgadas en primer lugar.

La falta de certeza jurídica no afecta únicamente a las mineras e hidroeléctricas. Con estos precedentes cualquier inversionista que quiera venir al país lo debe pensar más de dos veces, y debido al alto riesgo de estas arbitrariedades, quien venga esperará rendimientos mucho mayores que los que se esperarían en otros países con mayor certeza jurídica. Los argumentos elaborados por las cortes no han sido técnicos, han sido ideológicos. Parte del problema ha sido el nefasto Convenio 169 de la OIT sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, que exige consultas comunitarias sobre los proyectos que se desarrollen cerca de sus comunidades. Lo malo ha sido la antojadiza interpretación de esas consultas, ya que no están reglamentadas en primer lugar y no son para nada vinculantes. Esto último es clave, porque si no son vinculantes no deberían detenerse los proyectos que ya están operando. Más bien sería un aviso a los dueños del proyecto para limar asperezas y revisar qué es lo que les podría afectar a los vecinos. Es obvio que mientras no se afecten derechos ajenos, los proyectos no tendrían problemas de seguir operando, pero si hay afectación o daño, se justificaría detener la operación hasta que se resuelva el problema.

Las reglas del juego no se pueden cambiar a medio juego. Así se ha estado haciendo y el resultado es que los inversionistas en minería ya no quieren venir a Guatemala. Lo mismo quienes querían invertir en la producción de electricidad utilizando hidroeléctricas. Además, otros inversionistas ya no quieren venir al país por esas inconsistencias.

Ningún gobierno ha resuelto este grave problema y llevamos años ahuyentando inversionistas. Como si fuéramos un país rico. Al contrario, somos un país con un nivel enorme de pobreza y nos urge que vengan inversiones de donde sea para establecer empresas que generen valor y riqueza para todos en la sociedad. No hemos logrado mayor crecimiento económico porque nuestros gobiernos y sus cortes lo impiden. No somos más ricos porque no queremos.