Organizaciones y ciudadanos que presentaron los señalamientos temen que estas observaciones sean ignoradas cuando se designen a los magistrados titulares y suplentes de los dos órganos electores, lo que aseguran sería un mensaje de desprestigio que pesará sobre la Corte durante los próximos cinco años.
Los candidatos Gloría Porras, Juan Carlos Godínez, Delia Dávila y Omar Barrios fueron señalados ante el CSU. Porras acumuló 13 señalamientos; se le atribuye de favorecer a un amigo con una resolución, por decretarse un “Bono revolucionario”, la emisión de un autoamparo y otros que pusieron en duda su objetividad al resolver.
Godínez fue objetado por un posible caso de conflicto de interés ya que es integrante del propio CSU qué tendrá que nombrar a dos magistrados, también por por su mención en el caso Comisiones Paralelas 2020, por esot último también fue señalada Dávila, junto a otros más que dudan de su imparcialidad.
Barrios es cuestionado por una presunta amistad con el rector de la Usac, Murphy Paiz, quien tiene voz y doble voto si lo considera pertinente en las reuniones del CSU.
En la CSJ los candidatos señalados son Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera, Jorge Rosales Mirón y Dina Josefina Ochoa Escribá.
Barreto es señalado por su acompañar el binomio de Zury Ríos, algo que, aseguran, no lo hace apto para el cargo ya que eventualmente la CC tendrá que pronunciarse por aspectos políticos.
También se le objetó por la forma en que votó en el expediente del caso por Genocidio, objeción que comparte con Pérez Aguilera. Mirón tendría una relación económica con el Organismo Judicial por el alquiler de un edificio, mientras que Ochoa se le señala de entorpecer algunas sesiones clave del pleno constitucional.
Fiscalización, recursos y protestas
Si los órganos no analizan con objetividad los señalamientos, los escenarios son inciertos, pero quedará manchada la CC del 2021 – 2026 desde antes de tomar el cargo, según Eleonora Muralles, de la Asociación Familiares y Amigos Contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads).
“Estamos hablando de una Corte que estará integrada con personas señaladas de una parte de la población y se pondría total duda la independencia de esta CC”, señaló.
Con este escenario tendrían que aumentar los esfuerzos ciudadanos para exigir una elección transparente, según Mónica Leonardo, asesora jurídica de Movimiento Pro Justicia, pero estos esfuerzos deben de voltear a ver también al Congreso, ya que a criterio de David Gaitán, de Alianza por las Reformas, es el órgano con menos transparencia en su designación junto al Ejecutivo.
Por su parte, Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, espera que los órganos electores muestren un análisis y pronunciamientos de altura al momento de aceptar o rechazar alguna objeción.
“Esperaría que el CSU actúe de forma independiente y apegado a la ley, que revise con detenimiento lo que presentamos porque están muy bien sustentadas, ninguna de ellas es espuria”, indicó.
La abogada Amanda Santizo, de Guatemala Inmortal, aseguró que si las objeciones que plantearon no son aceptadas tomarán la vía legal; mientras el exdiputado Fernando Linares Beltranena hasta contempla manifestaciones. “Siempre hay la posibilidad legal de hacer impugnaciones, amparos y manifestaciones”, aseguró el excongresista.
Imparcialidad
Las organizaciones Guatemala Visible y el Movimiento Cívico Nacional (MCN) coinciden que el recibir y evaluar señalamientos ciudadanos contra candidatos es un ejercicio sano, toda vez se haga de la manera adecuada para evitar que los candidatos y el propio sistema de justicia sufra un desgaste innecesario.
“Puede que después vengan las personas, presenten impugnaciones o amparos, como se ha dado antes y que es algo que ya se ha vuelto muy común en estos procesos. Entonces, los electores tienen que tener cuidado y analizar al momento de tomar una decisión”, señaló Saúl Morales, de Guatemala Visible.
José Echeverría, del MCN, opinó que estas dinámicas hechas de la manera correcta pueden darle certeza a la población que la persona que llegue a la CC contará con un perfil a la altura, no solo por méritos académicos sino por sus cualidades éticas.
“Es una prueba crucial para el CSU y la CSJ así como para los mismos candidatos porque, de cierta forma, algunos ya lo han hecho de manera clara con sus propios medios, han aclarado algunas de las objeciones o señalamientos, yo creo que es un ejercicio sano también para que los propios candidatos puedan responderle a una ciudadanía si esas objeciones tienen algún fundamento”, precisó.
Candidatos se defienden
Los cuatro aspirantes de la Usac objetados ya presentaron sus descargos. El CSU hará la evaluación de manera pública para garantizar transparencia en el proceso. La sesión extraordinaria se transmitirá en las redes sociales de la Usac.
En la CSJ solo se recibieron pruebas de descargo de Héctor Hugo Pérez Aguilera; Rosales Mirón y Molina Barreto tienen hasta hoy para presentar sus defensas.
Hoy finaliza la recepción de expedientes en el Congreso. Aunque ya hay movimiento en la Dirección Legislativa, en la plataforma web siguentres nombres de candidatos.
Por último, el Colegio de Abogados y Notarios (Cang) notificó a todos los candidatos su inscripción. Solo se rechazó el expediente de José Luis Mendía Hernández por no cumplir con los requisitos.
Acciones
La CC ya registró cuatro acciones de amparo relacionadas al proceso. Ayer, el abogado Alfonso Carrillo presentó una acción en contra de la CSJ. Señaló que existe temor que este órgano elija a personas de dudosa ética. Antes, la CC registró otras tres acciones, dos del diputado Orlando Blanco, una contra la convocatoria que hizo el Congreso y la otra contra la CSJ, por considerar que no tiene competencia porque su periodo de funciones ya venció.
Hay otro recurso a nombre de la magistrada en funciones de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, quien responde a Blanco que existe una “amenaza inminente” de que el legislador, a futuro, interfiera el cumplimiento del mandato constitucional que tiene el OJ.
