Hace algunos días fue publicado en la prensa guatemalteca un documento firmado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), la Fundación Indígena FSC y la entidad Bosques para Todos, para Siempre. Menciona a una entidad llamada Alianza de los Pueblos Indígenas para los Derechos y el Desarrollo (IPARD), financiada por el gobierno estadounidense, con el fin de permitirles “gestionar, desarrollar y gobernar sus propios territorios sobre la base de los principios del desarrollo autodeterminado, las prácticas tradicionales, la gestión de los recursos naturales y el respeto a sus derechos.” Por ser una institución nueva, en el contexto de un nuevo gobierno estadounidense, hay muchas explicaciones necesarias para evitar malos entendidos.

El primer paso consiste en explicar cómo se deben entender las palabras empleadas, para evitar confusiones de significado. El español en Guatemala es el idioma oficial, y las academias de la lengua son las más altas autoridades de esta, así como el un diccionario oficial. El caso estadounidense es distinto: el inglés solo es lengua oficial en 30 estados, aunque sea el más hablado del país. Tampoco hay una autoridad lingüística oficial, como el Diccionario de la Lengua Española. Al referirse a planes dirigidos a países hispanoparlantes, deben prevalecer las normas oficiales de esa lengua oficial. No hacerlo abre una torre de Babel, porque los pueblos indígenas tienen sus propias lenguas, solo calificadas de oficial en pocos países, donde se mantienen sin demasiados cambios.

En la frase señalada antes, hay suficiente material para aclarar. Habla de “organizaciones”, o sea “asociaciones de personas reguladas por normas en función de determinados fines”. Es necesario saber cuántos miembros debe tener, cuál es su estatus legal, cómo se regula su creación y se integran sus autoridades o representantes. Esto es necesario, porque muchas veces en los documentos publicados respecto de varios temas aparece una larga serie de entidades desconocidas, cuyos nombres son muy peculiares. La forma de evitar esto es regular las condiciones para calificarlas como instituciones realmente representativas y que no sean “de cartón”, al mejor estilo de casi todos los partidos políticos o los casos de facultades de Derecho sin alumnos.

La palabra pueblo significa “conjunto de personas de un lugar, región o país”, y “país con gobierno independiente”. Territorio es “porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación”. Es decir, a los habitantes de un país, “el territorio de vida de personas de origen, idioma o tradiciones comunes”. Lo autodeterminado es algo decidido, planificado, y se refiere a las “prácticas tradicionales”, así como al “respeto de sus derechos”. Sus objetivos tampoco están claros en su alcance. El séptimo desea “entender la fuente de los desafíos asociados con el empoderamiento (es decir: hacer poderoso a un desfavorecido) del Gobierno y las organizaciones de Pueblos Indígenas” y “comprender los principales factores que han llevado y definen la situación actual” de estos.

Pedir explicaciones de los términos no implica rechazar la idea de la AID, sino ayuda a evitar choques económico-étnico-legales. Pero también se debe señalar cuáles condiciones debe llenar cualquier ONG, para evitar el oenegismo fantasma y muchas veces ideológica y políticamente manejado. Otro tema es el financiamiento extra AID, así como la aceptación de los efectos negativos y de polarización y extremismo a causa de las entidades de este tipo, sobre todo europeas. A fin de impedir interpretaciones malintencionadas, simplistas o equivocadas, esa agencia oficial estadounidense está obligada a explicar cuáles son, en dos palabras, las intenciones, pues aunque sean buenas y no fuere ese su fin, muy pronto pueden pavimentar el camino al infierno.