“Lo que más nos asusta es que a mis padres les quiten la casa”: la angustia de una familia peruana por pagar las deudas tras enfermar de covid-19

Su padre, Max Blanco, jubilado de 74 años, logró sobrevivir a la covid-19 después de cerca de cinco meses de internación, cuatro de ellos en terapia intensiva.

No fue el único integrante de la familia en infectarse con el nuevo coronavirus en mayo del año pasado.

Uno a uno, todos se fueron contagiando (Elva, esposa de Max; Peggy, su esposo y tres hijos; sus hermanas Kery y Rocío junto con sus maridos e hijos), pese a que habían cumplido con las medidas de distanciamiento social e higiene, y apenas habían salido de la residencia multifamiliar que compartían en San Juan de Lurigancho, un distrito a unos 20 minutos del centro de Lima.

De todos ellos, Max fue el más seriamente afectado.

“Mi padre está vivo de milagro. Le hicieron doce hemodiálisis porque su riñón quedó comprometido, lo reanimaron dos veces, y hubo un momento en que la clínica nos llamó para que nos despidiésemos de él”, recuerda Peggy.

Al día siguiente, para gran sorpresa de los médicos, su padre despertó en mejor estado, y lentamente sus signos vitales comenzaron a mejorar, hasta que, el pasado 8 de octubre, finalmente le dieron el alta.

Sin embargo, la felicidad de tener al padre vivo y otra vez en la casa se ha visto empañada por la exorbitante deuda que contrajo su familia por los costos de su hospitalización que, a falta de camas en el sector público, tuvo que hacerse en una clínica privada.

La situación que atraviesa la familia de Max Blanco no es un caso aislado.

Son muchas las personas en América Latina que han asumido deudas enormes al verse forzadas a recurrir a clínicas privadas al no dar abasto los sistemas de salud pública.

“La cuenta de mi papá llegó hasta más de US$200.000. Después de negociar con la clínica la bajaron a US$140.000. Hasta la fecha hemos pagado casi US$57.000 -con eso te puedes comprar un departamento aquí en Perú- pero nos falta pagar el resto”, dice.

“Todo esto nos genera un estrés increíble”.

Perú se encuentra actualmente iniciando la segunda ola de coronavirus. Hasta el viernes 12 de febrero se habían registrado 1.212.309 casos y 43.045 fallecidos, según la página del Ministerio de Salud del gobierno peruano.

De hospital en hospital

Peggy recuerda —y se vuelve a angustiar al hacerlo— el periplo que tuvieron que hacer cuando descubrieron que su padre tenía covid y su salud empezó a deteriorarse.

“Mi hermana Kery, que es médico, se montó en un taxi con mi papá y fueron al hospital que le correspondía del seguro de salud estatal EsSalud por ser jubilado (él trabajó por más de 30 años en una empresa del Estado) pero cuando llegaron a la puerta, les dijeron que estaba colapsado, que podían esperar, pero que había gente aguardando allí desde hace uno, dos y tres días”.

Según información de la página del Ministerio de Salud, en todo el país hay un total de 2.051 camas en al UCI.

“Kery empezó a llamar a sus amigos y colegas, y todos le decían lo mismo: no vas a encontrar un lugar para ingresar a tu papá. Ella igual lo siguió intentando. Fue un recorrido desgastante y desalentador”.

Tras intentar sin éxito en varios hospitales, Kery decidió continuar con su búsqueda en clínicas privadas. Allí se topó con la dura realidad de que, para que lo aceptaran como paciente en una institución privada, tenía que pagar un abono de garantía.

Lograron internarlo en una clínica en la que Kery conocía a algunos colegas, previo pago de cerca de US$25.000.

“Mi hermana tuvo que pedir un préstamo por esa suma a su empresa, que inmediatamente le hizo la transferencia. Entre las tres (hermanas) teníamos que devolver el dinero en un plazo de dos años”.

A los pocos días, cuando la clínica pudo pasar a su padre a una cama improvisada en la Unidad de Cuidados Intensivos para intubarlo y conectarlo a un respirador artificial, les solicitaron un pago adicional de US$17.000.

Las hermanas recurrieron entonces a préstamos de amigos y conocidos, solicitaron apoyo económico en Facebook y organizaron una campaña de crowfunding para cubrir los gastos, pero estos continuaban aumentando a diario.

“El costo de cuidados intensivos es altísimo, de aproximadamente unos US$1.650 al día. Nosotros íbamos pagando como podíamos. Además del préstamo, mi otra hermana y yo sacamos cerca de US$3.300 de nuestro fondo de pensiones (algo que permite una ley del Estado), hicimos tres rifas -de una TV, una laptop y una moto- que compramos con una tarjeta de crédito que nos prestó un familiar, para pagarle a la clínica, pero la cuenta subía y subía”, explica Peggy.

“Sacamos a nuestros hijos de la escuela privada, gastamos todos nuestros ahorros, dejamos de lado cualquier proyecto que podíamos tener con nuestros esposos y nos adaptamos a esta nueva realidad que cambió de la noche a la mañana”.

Mientras que Max en ese momento tenía ya el 50% de sus pulmones comprometidos y una saturación de oxígeno en sangre muy por debajo de lo normal, su madre tenía un compromiso pulmonar menor.

Tomaron la decisión de no internarla, ya que no tenían de dónde sacar otros US$25.000 para un segundo abono de garantía, y crearon un cuarto en la casa con lo que tenían para poder tratarla allí.

“Compramos un balón de oxígeno, que en ese entonces valía US$1.300, y cerca de US$55 cada recarga, medicinas y le hicimos un tratamiento endovenoso en la casa, donde la atendía Kery, que también tenía covid”.

“Nada de eso lo pagó el seguro, todo lo pagamos nosotros”.

Esperanza truncada

Hacia fines de junio, un anuncio del gobierno trajo esperanzas para la familia de Max Blanco.

Después de varias denuncias sobre cobros excesivos en las clínicas privadas, el entonces presidente del país Martín Vizcarra les dio a las clínicas un ultimátum para que aceptaran o negociaran tarifas razonables que el Estado pudiera pagarles por sus servicios durante la pandemia.

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Pocas horas después, las clínicas llegaron a un acuerdo con el gobierno sobre cuánto cobrarían a las personas que acudieran a ellas si no encontraban espacio en el sistema público.

El acuerdo determinó que el gobierno se haría cargo de los gastos en la clínica privada, y el gasto se fijó en una tarifa plana de cerca de US$15.600 por cada paciente de covid-19, independientemente de cuántos días permaneciera internado.

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“Nosotras vimos la luz, estábamos contentas. Ya habíamos abonado más de US$22.000 y nos quedamos tranquilas”, dice Peggy.

Sin embargo el acuerdo alcanzado entre las autoridades y las clínicas privadas no la benefició: muchas instituciones médicas privadas no se sumaron (algunas aduciendo que el gobierno tiene deudas con ellas que aún no ha pagado), entre ellas la clínica en la que estaba internado Max Blanco.

Movilizarlo a otra clínica, algo que no se plantearon en ese momento, hubiera significado un riesgo importante.

Y durante todo el proceso nunca les avisaron de que hubiese disponibilidad de camas de UCI en un hospital del Estado.

La familia interpuso más tarde un recurso para ampararse en el convenio. Este se encuentra en proceso, y hasta la fecha no ha tenido respuesta.

“Mi madre es una persona de mucha fe y espera que todo se resuelva, pero es algo que puede demorar mucho tiempo y tampoco tenemos ninguna garantía”, dice.

Entretanto, tienen un compromiso legal firmado con la clínica que los obliga a pagar la deuda.

“Lo que más nos asusta es que a mis padres les quiten la casa, es lo único que tienen. Pero además, mis padres son personas muy derechas. Mi padre jamás ha dejado de pagar nada en su vida, y esta no va a ser la excepción. Nosotros vamos a honrar su nombre, y estamos haciendo todo lo posible para pagar”, afirma Peggy, quien dice que, haciendo el tema económico a un lado, se siente muy agradecida con la clínica.

“Si mi papá hubiera ido al hospital, hoy no estaría vivo”, dice. Pero el comité de cobranzas fue muy duro una vez que su padre salió de alta, explica.

“Ahí comenzaron las llamadas, la insistencia, los correos electrónicos, la otra cara de la realidad económica”.

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“Es un estrés innecesario. A mi papá lo mantenemos poco informado de esto, porque él está con terapia psicológica por el impacto que le causó todo. Está demasiado sensible”, agrega.

¿La deuda o la terapia?

Aunque la familia ya le ha pagado a la clínica cerca de US$57.000, (casi cuatro veces más que lo que le pagaría el Estado), todavía tienen una deuda pendiente de US$83.000. A esto se suma la deuda que tienen con las personas que les han prestado dinero y con la empresa de Kery, que facilitó el monto inicial para abonar la garantía de internación.

Pero la deuda no llegó a su punto más alto con el alta hospitalaria.

Tras cuatro meses de terapia intensiva, Max Blanco quedó completamente debilitado, con necesidad de atención y cuidados constantes.

“Al salir era como un bebé recién nacido”, dice.

El padre de Peggy está haciendo ahora terapia de respiración tres veces a la semana (US$22 por sesión), de psicomotricidad dos veces a la semana (US$41) y de deglución.

En un principio el seguro de salud le ofreció terapias virtuales que complementaron a las que pagaron ellos con su dinero, y recién ahora han enviado a un terapista a su casa.

A estos costos hay que añadirles los de una alimentación especial y medicinas, ya que la covid le dejó secuelas en el riñón y el corazón.

“El Estado te cubre medicinas básicas, pero no otras que son más específicas o recomendadas”, explica Peggy, quien en ocasiones se ha visto ante la disyuntiva de si pagarle a la clínica o gastar en las terapias que necesita su padre.

La compra de una silla de ruedas, baño portátil, andador y una bicicleta fija para fortalecer sus músculos son otros gastos que debe afrontar la familia.

También han tenido que contratar a una persona para que ayuda a su madre por las mañanas, porque sola no puede con los cuidados que requiere Max, que además es un hombre de más de 1,85m de estatura.

Aún así, Peggy y sus hermanas no pierden el optimismo, “Lo tenemos vivo. Y cuando lo veo al lado de mi mamá, eso me hace sentir muy dichosa”.