Dos hechos que se intersectan, se concatenaron para provocar el tema de hoy, sobre la naturaleza y alcance de la “ayuda” y “asistencia” del gobierno de EE. UU. hacia Guatemala. El primero fue un anuncio de una ONG internacional, haciendo un llamado a consultores para presentar propuestas. Busca “aprovechar las fortalezas y experiencia de una red colectiva y multisectorial para empoderar a las organizaciones de pueblos indígenas y catalizar un entorno propicio donde los pueblos indígenas puedan gestionar, desarrollar y gobernar sus propios territorios sobre la base de los principios del desarrollo autodeterminado, las prácticas tradicionales, la gestión de los recursos naturales”. Para quienes entienden este idioma, el anuncio contiene los vocablos de rigor; red colectiva y multisectorial, empoderar, pueblos indígenas —dos veces en la misma oración— gobernar sus propios territorios, desarrollo autodeterminado y recursos naturales. Descifro la clave; es un llamado para fomentar la conflictividad social, bajo las banderas de la política de identidad y ambientalismo. Los “países donantes” lo comen como si fuera miel o azúcar; es para ayudar a los indígenas y conservar los bosques, salvar al planeta —con fondos donados por AID, la Agencia Internacional de Desarrollo— el gobierno de EE. UU.

El otro hecho fue un artículo de Mary Anastasia O’Grady, publicado en el Wall Street Journal el 7 de febrero, con el subtítulo Fondeo para el activismo político y el aborto no creará empleos en la región. Sugiere que Biden “inyectará US$4 mil millones a una variedad de organizaciones sociales y políticas activistas del Triángulo Norte. No generará empleos más allá de la industria de la ayuda”.

Los fondos de ayuda que supuestamente apoyan la gobernanza, democracia, pueblos originarios y conservación ambiental, terminan siendo canalizados a la subcontratación de empresas profesionales multinacionales de “ayuda” y organizaciones locales que se dedican al activismo político, la industria de la protesta.

Desde hace años, las agencias de ayuda internacional de EE. UU. se dedican a exportar y financiar, no los valores e instituciones que construyeron su grandeza y riqueza, sino los que están promoviendo su propia conflictividad social y política, carcomiendo sus entrañas. Como es el destino de las burocracias, han crecido, aumentado su radio de acción y desvirtuado su misión original; han sido capturadas por las fuerzas del posmodernismo, interseccionalidad y los temas políticamente correctos de los tiempos. La ayuda es menos para inversión productiva, formación de capital, adopción de tecnología, y más para promover prioridades del marxismo cultural y la política de identidad. El chorro de fondos es en realidad un gotero que se dispersa en las rajaduras de las burocracias y organizaciones internacionales y locales que la ordeñan. Un tweet de AID, el 8 de febrero, declara que “continuaremos haciendo lo que hacemos mejor, mientras nos acoplamos y asociamos con la comunidad internacional para construir un mundo más estable y justo”. En otras palabras, la misión no es impulsar el desarrollo económico, sino la justicia social.

La manifiesta intención de la asistencia del gobierno de EE. UU. a Guatemala es mejorar las condiciones y oportunidades de la población más necesitada, para reducir el flujo migratorio. Muchas de las organizaciones y causas que financian y apoyan no conducen al aumento de la inversión y creación de empleo, sino todo lo contrario. Guatemala necesita mejor gobierno e inversión, no versiones locales de Antifa y Black Lives Matter.