La colocación de operadores del #PactoDeCorruptos en los puestos estratégicos de todos los órganos del Estado es el mecanismo fundamental por medio del cual quieren terminar de tomar control total del Estado y abortar cualquier intento de desmantelar el imperio de impunidad y corrupción que han instalado en Guatemala, desde que Jimmy Morales cumplió su rol de expulsar a la Cicig. Prácticamente ya solo les falta tomar la Corte de Constitucionalidad, y Guatemala se consolidaría como el tercer narcoestado de la región, por detrás de Nicaragua y Honduras.

La alianza histórica entre oligarquía y Ejército tiene nuevos integrantes: las sectas neopentecostales, que sustituyeron a la Iglesia Católica, que están hambrientas de poder para imponer su visión del mundo; y las organizaciones del narcotráfico y otras ramas de la economía ilícita, a quienes ya no parece bastarles con tener el control efectivo de varias partes del territorio nacional, sino que ahora quieren también el poder político, conservando una conveniente fachada de legalidad democrática, pero que, en realidad, les sirve para instalar su propio Estado. Ya Daniel Ortega, Rosario Murillo y Juan Orlando Hernández han dado muestras de que, oprimiendo el pueblo hasta que no piense más que en comer y sobrevivir, y vaciando de contenido y recursos a las instituciones, pueden convertir estos infiernos tropicales en narcoparaísos y reírse en la cara de sus vecinos del Norte.

Tanto el presidente Giammattei como el presidente del Congreso, Allan Rodríguez, y la presidenta del Organismo Judicial, Silvia Valdez, han dado claras muestras de que no tienen ningún empacho en contribuir a cimentar este nuevo Estado. Tampoco la fiscal general, Consuelo Porras, ni los que integran el Tribunal Supremo Electoral, y tristemente ya prácticamente ninguna institución pública. Los sindicatos, otrora fuerza reivindicativa de la dignidad de los trabajadores, ahora prefieren plegarse.

Toda vez ellos y sus huestes permanezcan en los puestos de privilegio, les vale un palmo sacrificar a un pueblo entero y el juramento que hicieron. Saben que las élites económicas de nuestros países han preferido vender su alma antes que permitir transformar la economía de finca, antes que permitir que haya verdadera justicia y estado de Derecho. Todo ese discurso de los últimos 25 años fue solo eso, discurso.

No sé cómo leerán sus intelectuales orgánicos esta coyuntura, qué les dirán, más allá del discursito del otrora aliado histórico como un “entrometido” en su particular soberanía. No sé si ven que por poderosos que sean no son más poderosos que los capos de la economía ilícita. Que de ese mundo sórdido difícil volver. Que pronto les pasará factura.
¿Creerán acaso que les van a permitir esa licencia de continuidad así nada más? ¿O que los van a manejar a ellos, así como han hecho siempre con las voluntades de políticos y lacayos? Si tienen a México en la palma de su mano, ¿cómo no harán lo mismo con la frágil Centroamérica? Acá solo una intervención multinacional muy asertiva y polifacética tal vez todavía podría detener la debacle.

Por esto, la lucha por la Corte de Constitucionalidad no nos puede ser ajena. Es significativa para toda la ciudadanía que vivimos en este patio trasero, ahora en disputa. Al tomar la CC, el NarcoCleptoEstado tomará total control de todas las puertas del sistema y les pondrá candado por dentro. Es un claro secuestro, una expropiación del patio trasero ocurriendo frente a sus narices. Luego ya solo les quedará colocar en 2024 a su Daniel, o a su Rosario, para que caporalee el patio y ponga la cara, mientras ellos dictan las leyes hacen los negocios, y le untan del chisguete.