Conforme transcurrieron los días en enero crecía la indignación por el secuestro, violación y femicidio de Hillary Arredondo, de tres años y por el femicidio de Luz María del Rocío López Morales, exempleada del Ministerio Público (MP). La percepción de inseguridad y el aumento de muertes de mujeres y violencia contra la mujer disparó dudas entre sectores y usuarios de redes sociales, en saber cómo se están aventajando las autoridades antes estos hechos.
Sin embargo, no solo la percepción de inseguridad aumentó, según comentaron muchas usuarias en las redes. El año pasado el robo a casas y comercios, y la violencia intrafamiliar se incrementó comparado con el 2019, según las estadísticas de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional (STCSN). De enero a diciembre de 2020 se registraron 272 casos más de violencia intrafamiliar comparado con 2019; mientras que, 95 denuncias más por robo a residencias, y 332 más por robo a comercios.
Francisco Jiménez, analista del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), quien asesoró la creación de la Digici y luego fue director de esa institución, teme que la Digici no está proporcionando al Ministerio de Gobernación la información estratégica necesaria de acciones que vayan a contener el delito que está activo.
“La pregunta que nos tenemos que hacer, es si la Digici está haciendo efectivamente análisis de inteligencia criminal que permita la comprensión del fenómeno criminal. Las extorsiones, los secuestros y todo lo que tiene que ver con delitos donde detrás hay estructuras organizadas tiene que ser elaborado un análisis estratégico”, opina Jiménez.
Liderazgo
Mario Bosos, experto en análisis criminal, quien estuvo a cargo de la parte operativa de la Digici cuando recién fue creada, opinó que, es un logro que se constituyera dicha institución desde el ámbito civil, porque vino a integrar a la inteligencia estratégica del Estado y la militar. Pero conforme transcurrieron los años se fue opacando la dirección por los directores que han estado a cargo.
“Los últimos cuatro directores han sido especializados en otros ámbitos, siempre en inteligencia, pero no han entendido que es la inteligencia criminal. Ellos se van más al tema reactivo y la inteligencia es preventiva. Se debe anticipar a los eventos y ha sido instrumentalizada. Lo lamento bastante, porque se devirtuó la inteligencia civil en desarmaras los cuadros medios que constituían la medula de la inteligencia. (…) Incluso desarticularon la división de contrainteligencia”, afirma.
Además, reflexiona que la institución está acéfala y repercute en la percepción de inseguridad que tienen las personas en el país, por lo que considera que se debe reflexionar al respecto para que la Digici sea más eficiente en ámbito de seguridad ciudadana.
Bosos reconoce que, en casos como la muerte de la extrabajadora del MP minimiza las posibilidades de anticiparse para prevenir su muerte, y fue el trabajo del ente investigador que ayudó a esclarecerlo, pero no fue la inteligencia civil. El éxito en inteligencia es identificar los riesgos y amenazas, y prevenir las tendencias.
En opinión de Grisel Capó, académica y con estudios en inteligencia, la Digici no puede trabajar a ciegas o para intereses que no son los institucionales. Agrega que los directores y subdirectores nombrados en la institución deben reunir los requisitos establecidos en el decreto 71-2005, pero de forma fundamental deben contar con experiencia comprobada en el área que aceptan dirigir, para evitar el desempeño ineficaz del servicio o al servicio de intereses que no son los de la institución.
Capó critica dos temas: el primero, es que no existe carrera en los servicios de inteligencia que tiene en el país, y el segundo, son los controles que se ejercen en los mismos, tanto los internos como externos, es especial el control ciudadano y el de las comisiones legislativas.
“Esto podría subsanar en parte con una Ley Específica de Inteligencia y digo en parte, porque en el año 2008 creímos que la Ley Marco sería la respuesta para el buen funcionamiento de un sistema de inteligencia, pero eso no sucedió, existen aún muchas falencias y una de ellas es la falta de carrera en cada uno de los servicios, habiendo cambios de personal continuamente, con la inestabilidad que esto genera”, resalta la académica.
Jiménez opina que una de las deficiencias que tiene la dirección es que, no hay un reglamento especifico que dé el protocolo y los procedimientos de escuchas de llamadas telefónicas, y también porque no tienen autorización de jueces.
El director de la Digici es José Luis Navas Barrera, aunque no se conoce mucho de su perfil académico, se sabe que fue asesor del Partido Unionista y tiene formación en inteligencia militar. Así como también ha sido asesor en seguridad en empresas.
Iniciativa de ley
El diputado Óscar Argueta opina que la estructura de la Digici es muy indeleble y coincide con Capó en que no hay una carrera en los servicios de inteligencia criminal. Agrega que Navas llegó a reestructura al equipo de forma adecuada y han logrado avances importantes en la materia.
“Creemos que lo que se necesita y no solo Digici, si no todo el sistema de inteligencia es desarrollar una institución más estructurada que implica puestos definidos con criterios de selección y ascensos para logar la carrera de inteligencia. Eso no pasa por una persona, sino por una reforma a la Ley”, afirmó.
Argueta fue presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional 2020-2021 y explicó que trabajan en una iniciativa de ley en donde define los mecanismos de control externos e internos del sistema nacional de inteligencia.
“Dentro de la ley de inteligencia que estamos por terminar de trabajar y presentar al Congreso se definen bien los mecanismos de control. La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad habla sobre los controles democráticos, pero se encuentra uno que el Sistema Nacional de Seguridad se resisten a rendir informes, de hecho, tuvimos que presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, porque el Consejo Nacional de Seguridad se negó a entregarnos unas actas de reuniones aduciendo temas de seguridad nacional”, agrega.
La intención de los controles democráticos es evitar que los servicios de inteligencia civil sean utilizados con fines políticos y que den seguimiento a “detractores” del gobierno que podrían ser activistas, defensores de los derechos humanos, periodistas, entre otros.
El uso de servicios de inteligencia estatales se ha extendido desde Argentina hasta México, y en el caso de Guatemala y en el caso de Guatemala una investigación periodística de Nuestro Diario reveló que durante el gobierno del Partido Patriota exintegrantes de la Digici espiaban a personas que confrontaban al Estado, fiscales, líderes estudiantiles, exfuncionarios y también a diplomáticos.
Mientras que el diputado Bernardo Arévalo, integrante de la actual Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, adelantó que han trabajado una ley de inteligencia para que llene los vacíos y regule la ambigüedad que existen alrededor de los aparatos de seguridad.
“Tenemos la Ley Marco Nacional de Seguridad, pero esta ley de inteligencia ha sido un faltante que nosotros hemos trabajado para tratar precisamente para empezar a regularlo”, agregó. Además, dijo que espera que la Comisión retome esta iniciativa este año, porque, mientras no se termine de legislar todos los espacios vacíos hay un riesgo del mal uso de los sistemas de inteligencia.
