De todos los colegios profesionales el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala es el de mayor importancia pública porque el diseño constitucional le confió brindar su presencia institucional para elegir Magistrados a Cortes de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral y Fiscal General, además ostenta sillas en distintos órganos de poder con un abanico que va desde el Registro de Información Catastral hasta el Tribunal Electoral del Deporte Federado. Lo que empezó bien en 1985 con el texto constitucional original condenó al Colegio en 1993 en una Reforma Constitucional productora de pesadillas en el sistema de justicia. Su contrarreforma urge.

El Colegio de Abogados fue fundado en 1810 para que Guatemala compitiera con México y Lima en su superación intelectual. El actual Colegio no conoce de debate, su apoyo académico se traduce a diplomados y actividades esporádicas, algunas muy buenas y otras todo lo contrario, sus directivos, en su mayoría, pretenden solo conseguir poder. Las asambleas de rendiciones de cuentas son de 200 asistentes y las informaciones no son fluidas y menos oportunas o transparentes.

El amigo Oscar Rivas Sánchez, abogado de largo bregar, editó un libro llamado Vivencias donde relata experiencias propias como estudiante y como Abogado, resalta cuando nos dice que con Mynor Pinto Acevedo, Arnoldo Ortiz Moscoso, Ángel Valle Girón, John Schwank Durán, Leslie Franklin Montúfar Bran, Luis Arturo Archila Leerayes, Alfredo Balsells Tojo, Rodolfo Cárdenas Villagrán y muchos más se conocieron toda la geografía en distintas actividades académicas bajo el entusiasmo ordenado y siempre serio de don Alfredo Bonatti Lazari, pagándose ellos mismos sus gastos sin que el Colegio se viera perjudicado y con el único afán de hacer las cosas bien.

Poco a poco el Colegio perdió su institucionalidad para olvidarse de la defensa gremial, sobre todo de quienes ejercemos la profesión de manera liberal. Ahora vemos el resultado de un declive continuado por 15 años, en el cual cada directiva agrava la situación, llegándose al extremo de que hace unos años se haya comprado un inmueble de manera obscura y en una negociación que involucra anomalías de corrupción vinculadas al Partido Patriota y Banrural, o también, que millones de quetzales en timbres notariales fueron robados hace unos cuatro años y pico de la propia sede del Colegio y el crimen esté impune. El montepío data de 1810. Ahora hay un fondo de prestaciones con un capital de más de 700 millones de quetzales administrados sin mayor control, incluso desmejorando las prestaciones que hace 15 años existían. Los estudios actuariales son secretos. El Estado de Guatemala le proporciona al Colegio más o menos 8 millones de quetzales cada año, siendo su fuente la comisión de timbres fiscales que los notarios adquirimos. Este dinero se administra sin objetivo específico y sujeto a la buena fe de los directivos. El próximo martes 9 de febrero estamos convocados más de 35 mil agremiados, que incluyen a profesionales de ciencias afines, para elegir directiva y Tribunal de Honor, pero se han visto planillas que gastan en campaña sin informar un solo centavo su fuente de su financiamiento, verdaderas maquinarias busca adeptos que evaden el debate sobre transparencia, probidad, austeridad y sobre todo prudencia institucional y financiera, eso no interesa. Una planilla hasta venta de armas montó en una actividad proselitista, en este extremo estamos.  Para muchos la colegiación no tiene ninguna razón, pero para otros es su trampolín al poder, de acá que ojalá los agremiados votemos de forma madura y logremos encontrar respuestas en una institución que hasta perdió su derecho de expresión por la autocensura impuesta desde el poder. Sin participación no hay cambio posible.