La Corte de Constitucionalidad, (CC) es el tribunal instaurado en el orden jurídico guatemalteco establecido a partir del año 1985, en el marco del proceso de democratización. Su finalidad es salvaguardar lo establecido en la Constitución Política de la República, ley máxima del país, y que es la expresión formal y jurídica del pacto político impulsado en ese entonces por una corriente dentro del Ejército y de la élite económica que requerían acabar con la inestabilidad y mala imagen internacional que generaban los procesos electorales corruptos, los continuos golpes de Estado, el conflicto armado interno, y las constantes violaciones a los derechos humanos. Como casi todo gran acontecimiento histórico en Guatemala, ese proceso de democratización política fue, también, avalado e impulsado desde fuera del país.

Se estimó pertinente en ese entonces, crear un órgano institucional específico que velara porque ese orden establecido permaneciera en el tiempo. Y, efectivamente, los últimos 35 años, la Corte de Constitucionalidad ha fungido ese papel de árbitro máximo e inapelable de muchas disputas que han amenazado con ponerlo en jaque.

Actualmente, al menos parte de la élite económica —me resisto todavía a creer que toda— y del Ejército han fraguado un nuevo pacto político al margen de la sociedad. Un Pacto en el cual amalgaman intereses con actores de poder que se han convertido en tales a partir de mal usar su poder político y de medrar de los recursos del Estado, y con la economía delictiva, que encontró en los sistemas políticos débiles y altamente corruptibles de Centro América, el sustrato perfecto para sus operaciones delictuosas.

Esta nueva alianza corrupta fracturó severamente la alianza histórica de Estados Unidos con las élites económicas de la región. Para Estados Unidos, la situación que vivimos se ha convertido, desde hace ya un tiempo, en algo insostenible que afecta sensiblemente su seguridad y estabilidad. Hacia adentro del país, esta alianza que la ciudadanía ha denominado atinadamente como “Pacto de Corruptos” y “Alianza Criminal” solo ha agudizado las condiciones de desposesión y exclusión de la mayor parte de la población, anulado las oportunidades de movilidad social ascendente por la vía legítima, y exacerbado la desesperación de las masas que buscan en la emigración, una salida a su extrema precariedad.

La gigantesca asimetría de poder entre una población desposeída y masacrada, y una alianza narco-clepto-oligárquica que controla el poder económico y político ha impedido exitosamente hasta ahora que cambien estas condiciones de vida por la vía democrática —elecciones libres y competitivas—. Simplemente, evitan que cualquier opción no afín a sus intereses pueda competir limpiamente por el poder; se aseguran que sean operadores absolutamente leales a ellos los que ocupen los puestos estratégicos de control del Estado. Así garantizan su perpetuación y su impunidad. El caso del exjuez Moto es un claro ejemplo de esta forma de operar, aunque desgraciadamente, no es el único. Son huestes las que ya están incrustadas en todos los poderes del Estado operando para el #PactoDeCorruptos.

Por eso, en la actualidad se habla de una cooptación del Estado. El Pacto de Corruptos, desde que Jimmy Morales expulsó a la Cicig, ha venido tomando explícito control de las instituciones que garantizan la reproducción de esta Alianza Criminal. En esa lucha por el poder sobre el Estado solo les falta la CC. Con su captura, buscan blindaje frente a cualquier acción orientada a depurar el sistema y le quitan a Guatemala la oportunidad de ocuparse de lo que realmente importa: el desarrollo del país.