El presidente Alejandro Giammattei anunció en cadena nacional que, para sanar el fallido presupuesto del 2021, se haría una readecuación interna, por lo que no acudirían al Legislativo. Además, dijo que el nuevo techo era de Q94 mil millones, lo que ha sido motivo de confusión entre la opinión pública.
Giammattei hizo hincapié en que no se solicitarán nuevos préstamos para financiar el plan de gasto, asumiendo que con las fuentes existentes en el presupuesto se llegaría a los Q94 mil millones —y no a Q107 mil millones vigentes, por trasladarse el plan del 2020—.
Aunque queda libre un espacio presupuestario que no cuenta con financiamiento, el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, ha reconocido que, si se utilizara ese techo, tendrían que acudir al Congreso para solicitar bonos, que es la vía legal.
Moneda de cambio
¿Qué ocurre ahora y qué lectura puede darse a esta propuesta oficial? En el medio político, el instrumento natural de negociación es la discusión del presupuesto.
Con un espacio presupuestario de Q13 mil 888 millones —pero que no está financiado— “es la puerta de negociación” para que, en el futuro, se puedan poner de acuerdo y aprobar deuda adicional que les permita ejecutar parte de ese espacio que quedó congelado, coinciden analistas económicos consultados.
Esa “reserva” la pueden ejecutar si en algún momento alcanzan acuerdos para aprobar más deuda con los mecanismos para favorecer a diputados, sobre todo distritales, con nuevos contratos o más recursos para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) o para los consejos departamentales de Desarrollo (Codedes).
Otra lectura es que si el recorte del presupuesto hubiera sido tajante, como se planteó en las reuniones técnicas con los centros de investigación económica, y que luego el presidente Giammattei confirmó un gasto de Q94 mil millones, ya no habría margen de maniobra para ejecutar más adelante; al congelarlo, ahora queda la posibilidad de gastarlo con acuerdos en el Congreso.
Esa maniobra pudo haber surgido de cara a los procesos de integración del poder Judicial, como la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Congreso, y esa negociación de las modificaciones al plan de gasto quedará en reserva.
El proceso de elección de cortes está abierto, con las convocatorias para la CC, y es muy probable que se cambie la resolución que pone límites para la elección de magistrados de la CSJ —que tendría lugar entre febrero y marzo—.
Por eso, el tema presupuestario sería la moneda de cambio que vendría después, con la elección de los magistrados y con una eventual aprobación de más deuda.
Garantía
Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), considera que el escenario es muy complejo luego de lo expuesto por el presidente el pasado miércoles, sobre todo al no darle validez al trabajo de las mesas técnicas, que coordinaba el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes.
“Es un tema que pasa a la arena jurídica. Al no llenar el techo presupuestario se corre un riesgo, porque no hay una garantía de que se vaya a hacer uso efectivo, a pesar de no más endeudamiento. Sí hay que aclarar jurídicamente este asunto, para determinar en qué situación quedará el presupuesto y las modificaciones este año”, comentó.
Prado reiteró que se debe asegurar que el plan de gasto se reduzca, legalmente hablando, y no dejar estos vacíos, que pueden interpretarse más allá de solo modificaciones o readecuaciones internas que van a proponer. No se tocará ese espacio que se dejó libre, que sigue vigente y que es el riesgo.
Por esa razón insiste en aclarar ese punto jurídico, para evitar riesgos, y por las implicaciones macroeconómicas que representa: aumentar la deuda y el déficit fiscal.
Credibilidad
Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), recuerda que más allá de la parte política hay un aspecto legal, y lo más probable es que, para transmitir seriedad, el Ejecutivo acudirá al Congreso para la legalización y así enviar un mensaje de transparencia a las modificaciones presupuestarias.
A su juicio, persisten los problemas de comunicación entre el presidente Giammattei y el vicepresidente Castillo, luego de haber convocado, en noviembre, a una reunión para tratar las modificaciones, y se pensaba que ahí ese era el espacio político apropiado, pero “claramente hubo un trabajo paralelo”.
“Hubo un trabajo que lideró el presidente sin ningún acompañamiento de tanques de pensamiento, y en síntesis existe un problema de coordinación en los líderes del Ejecutivo”, afirmó.
Efecto político
Aunque el mensaje que transmitió la semana pasada Giammattei fue erróneo, logró calmar una reacción en la ciudadanía que pudo llegar a ser como las manifestaciones de noviembre último.
Según dos analistas políticos, el mandatario se jugó esta carta para evitar mayor desgaste público que le impidiera a la alianza oficialista maniobrar de acuerdo con sus intereses en el Congreso, tomando como base que este organismo del Estado está próximo a definir el futuro judicial de los próximos cinco años.
El pleno del Legislativo, manejado por una aplanadora oficial, tiene que elegir a un titular y suplente para la nueva CC. También tiene a su cargo la elección de magistrados de salas de Apelaciones, jueces que van a definir el futuro penal de personajes políticos acusados de corrupción.
Está en juego, además, la elección de los magistrados titulares y suplentes para la Corte Suprema de Justicia, quienes resuelven expedientes antes de que lleguen a la CC.
Estas integraciones permiten una reacción en cadena en el aparato de justicia, pues es la CSJ la que preside la comisión de postulación para la designación de la terna para fiscal general del Ministerio Público y que en su momento llegará al despacho del presidente Giammattei.
La actual CC ha frenado decisiones de Estado por considerarlas inconstitucionales, lo cual ha sido motivo de inconformidad entre los partidos afines al oficialismo representados en el Congreso.
En su lectura del momento político, los analistas coindicen en que el sorpresivo e inexacto mensaje presidencial busca evitar manifestaciones ciudadanas.
Los consultados recuerdan cuando Giammattei prometió una evaluación de su gabinete en la parte más crítica de las protestas, lo cual solo quedó en promesa, ya que durante el primer mes de este año no hubo ninguna destitución en el consejo de ministros, solo movimientos en viceministerios y direcciones.
Rubén Hidalgo, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), aseguró que no trasladar la readecuación presupuestaria al Congreso también es una muestra de poca transparencia, ya que los fondos que en teoría no serán utilizados quedan a disposición de altos funcionaros.
“No hacerlo le permite al Ejecutivo guardarse una respetable suma de varios millones de quetzales en la manga de la camisa para usarla cuando considere que es oportuno. Esto continúa siendo un riesgo para las arcas nacionales porque pueden ser utilizados de una manera opaca o poco transparente, y que caiga en esa práctica de corrupción que, lamentablemente, pareciera que se va a dar”, señaló.
Expectativa
Ante la confusión que generó el mensaje oficial, diputados de oposición consideran que el Ejecutivo sí debió enviar una readecuación presupuestaria al Legislativo, ya que mediante acuerdos la Presidencia solo puede crear normas de contención.
El mandatario aseguró que “en este momento” no buscará más deuda. Fue una de las partes que más destacó en su mensaje del miércoles último, pero tampoco es una garantía para que en el futuro no se busque un aporte externo.
“Están esperando a preparar algo más elaborado para venir y pedir dinero en específico para una carretera, algún tema de pandemia, etcétera, porque si lo hacen muy general la tienen complicada, por lo que ocurrió el año pasado (…) Para pedir deuda sería mejor en junio o julio, amenazar con cerrar algún servicio porque no hay dinero, como hacen en los Estados Unidos, que al final aprueban ingresos”, comentó Cristian Álvarez, diputado de Compromiso, Renovación y Orden (Creo).
Evelyn Morataya, diputada de Bienestar Nacional (Bien), ve claras las intenciones del oficialismo al no impulsar una readecuación con intereses de país, junto a posibles intenciones de incidir perjudicialmente en la elección de cortes.
“Es evidente que el oficialismo está utilizando todos los recursos que tiene a su disposición para evitar que haya equilibrio de poderes. Luchar contra la impunidad y la corrupción no es una de sus prioridades. Recibimos recientemente, por ejemplo, la noticia de que Guatemala está entre los cinco países más corruptos de la región”, señaló.
Duay Martínez, diputado oficialista y presidente de la Comisión de Finanzas, dijo que si la readecuación hubiera llegado al Congreso, se tendría que evaluar con detenimiento, ya que, de ser necesario, convocarían a audiencias públicas, como el año pasado, y este proceso no fue breve.
Consecuencias sociales
Las fuentes consultadas consideran que retrasar la reasignación presupuestaria no fue buena idea, pues puede afectar de manera considerable la respuesta de instituciones públicas a favor de los ciudadanos.
Pusieron de ejemplo cómo los rubros destinados para mejoras en las carreteras podrían verse comprometidos si no se estudia a la brevedad la reasignación de fondos.
Otra dependencia que podría afrontar problemas sería el Ministerio de Desarrollo Social, que recibió en el 2020 fuertes críticas, lo cual no cambiaría si, por falta de recursos, retrasa la respuesta humanitaria, por ser el encargado de manejar la política social.
Incluso la salud se puede ver comprometida. Aunque existen fondos exclusivos para la compra de vacunas contra el covid-19, cómo se desarrollará la pandemia es incierto, por lo que se necesitan alternativas para que esa cartera pueda responder ante una emergencia.
