El Índice de Percepción de la Corrupción publicado esta semana por Transparencia Internacional (TI), que recoge la opinión que distintos organismos e instituciones tienen del sector público de cada país, lanzó una alerta sobre el retroceso de Guatemala en esta clasificación, en la cual ha caído ocho puntos desde el 2012.

La corrupción erosiona las sociedades y obstaculiza el crecimiento económico y el buen gobierno, lo cual impacta en el desarrollo sostenible y la capacidad de garantizar plenamente los derechos humanos, por eso se debe combatir y erradicar desde su raíz, que no es más que un falso sistema de controles y contrapesos organizado para mantener cualquier intento de control en algo sin real eficacia, dejando todo el espacio para que imperen los intereses propios y no los que beneficien a la población.

La existencia de las redes político-económicas ilícitas dentro del aparato estatal ha quedado más que probada con los casos de corrupción expuestos en los últimos seis años, y también es innegable que esas mafias han ganado terreno cooptando al Estado con los objetivos específicos de acumular y ejercer poder ilegítimo público o privado, enriquecerse de manera ilegal y asegurar impunidad para sus miembros y aliados.

La medición de TI confirma lo reportado, también esta semana, por la misión especial de la Organización de Estados Americanos, que llamó a los poderes del Estado a emprender acciones concretas que generen confianza, reviertan la percepción y la realidad sobre la corrupción e impunidad y se constituyan en un esfuerzo continuado de fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala.

Entre esos puntos clave resalta la necesidad de hacer esfuerzos por fomentar la integridad, la honestidad y la responsabilidad de los funcionarios, a partir de una nueva Ley del Servicio Civil y de las reformas necesarias a la Ley Electoral; la actualización de los códigos de Ética y Conducta vigentes para los tres poderes del Estado; y el compromiso real y evidente de garantizar una adecuada investigación, enjuiciamiento y sanción de los actos de corrupción, y otros.

Además, procurar que los mecanismos de acceso a la información promuevan la rendición de cuentas y la transparencia y que permitan el debate público de la gestión gubernamental; la urgente adopción de medidas que garanticen la transparencia en el ejercicio gubernamental, la prevención de la corrupción y la provisión efectiva de servicios públicos o continuar con plausibles esfuerzos ya iniciados como la implementación de la política nacional de datos abiertos y proceder a los procesos de apertura de estos.

Quizás no se ha terminado de dimensionar la magnitud y gravedad de esta situación, y aún queda mucho por hacer para expandir la conciencia de la sociedad guatemalteca sobre la naturaleza de lo que tiene ante sí y de la urgente necesidad de una vigilancia activa que permita recuperar el camino de un proceso transformador que lleve a la construcción de un verdadero estado de Derecho en el que la dignidad humana tenga plena realización, opere una robusta institucionalidad de justicia y una nueva ciudadanía se empodere de los espacios públicos y reivindique su incidencia en la administración del Estado, mediante mecanismos de participación directa y el fortaleciendo herramientas de control y vigilancia de quienes ejercen los poderes públicos.