Lo que ocurrió en el Congreso la noche del 26 de enero fue una aberración contra el estado de Derecho. Sin que estuviera en agenda y a toda prisa, la alianza oficialista juramentó al juez Mynor Moto como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, pese a la existencia de una serie de recursos legales en su contra. Esa acción ilegal ocurrió después de que la CC diera trámite a un amparo ante la amenaza precisamente de que ocurriera dicha juramentación. Los diputados oficialistas sabían de ese obstáculo a sus planes y por eso durante cerca de una hora no quisieron recibir la notificación del máximo tribunal del país. A la mafia incrustada en el Congreso no le importó la existencia de ese amparo y pasó sobre el ordenamiento jurídico para darle vía libre al cuestionado juzgador, quien, ya se ve, cuenta con el apoyo de toda la maquinaria del Pacto de Corruptos.

Ahora quedó clara la intención de esta mafia de apoderarse de todas las estructuras del Estado. Imagínense, estimados lectores, que el Poder Legislativo juramenta como magistrado titular de la CC a un abogado con más de 12 recursos legales en su contra y obvia la notificación de un amparo contra esa juramentación. ¿En qué papel queda el señor Moto, que ha demostrado que no solo ha favorecido a presuntos delincuentes con sus fallos, sino que para acceder a la CC burla un amparo otorgado por el tribunal al que quiere llegar? Esta fue una imposición fraguada en forma delincuencial por la alianza oficialista, integrada por los partidos Vamos, UCN, Valor, Humanista, Viva, PAN, una fracción de Bien y la corriente de la UNE dirigida por Sandra Torres.

Esa entente malévola tiene el aval del presidente Alejandro Giammattei, cuyo respaldo fue estratégico para el triunfo de Moto en las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios. Ese es el Pacto de Corruptos, que busca entrometerse en la CC, con lo que violenta el estado de Derecho porque quiere romper el balance de pesos y contrapesos que evita la acumulación del poder en una persona o, en este caso, de esa narco-cleptocracia. El arribo de Moto a la CC es estratégico para la alianza criminal, para copar todos los espacios, ya que hasta ahora ese alto tribunal había sido un bastión contra las intenciones de los corruptos de tener el control de todo el aparato del Estado.

Esta estructura política es mucho más peligrosa que las pandillas. A esa alianza de partidos conservadores, cuyos líderes se hincan para alabar a Dios, no les ha importado compartir el poder con un narcopartido, con todo lo que representa el crimen organizado. ¿Han visto, estimados lectores, algún pronunciamiento del Cacif o de las cámaras empresariales en contra de la aberración que cometió la banda de diputados? No, las gremiales empresariales que se rasgaban las vestiduras contra la CC, ahora guardan un hermético silencio. Están cómodas con la narco-cleptocracia que gobierna. ¿Por qué? Obvio, si se sigue la huella del dinero, se verán los buenos negocios que logran con los corruptos, aunque el país se destruya.

El año pasado, el presidente Giammattei recurrió a la OEA en auxilio porque sentía que ya caía por la presión ciudadana. Pero el tiro le salió por la culata. El informe de la misión de ese organismo continental destaca entre las principales preocupaciones que detectó en el país la percepción de corrupción e impunidad, la falta de transparencia en los asuntos públicos y la necesidad de garantizar un procedimiento transparente para la renovación de la Corte de Constitucionalidad. Por si eso nos bastara, Transparencia Internacional divulgó esta semana el Índice de Percepción de la Corrupción, en el que Guatemala está en el puesto 149 de 180 naciones. Señala que el país se ubica entre los cinco más corruptos del continente. Hacia el despeñadero nos lleva el Pacto de Corruptos.