En la ley de gastos generales de EUA se prohíbe al Departamento de Estado favorecer la adquisición de equipo de seguridad al llamado Triángulo Norte de Centroamérica. El presidente Trump sancionó esta prohibición, hecha por iniciativa de los demócratas. También se incluye la obligación, en el primer semestre de este año, de efectuar un listado de delincuentes impunes en los tres países. Una consecuencia indeseable será el cese de apoyo en equipo a la PNC.

El Pentágono mantendrá la cooperación con los respectivos ejércitos. En El Salvador existe un centro de control aéreo conjunto con EUA, para monitorear el trasiego de drogas. No obstante, no se practica la intercepción por falta de regulación legal en el Triángulo Norte.
Por aparte, en Honduras, opera la fuerza de tarea conjunta Bravo, conocida en inglés como JTF-Bravo, en la Base Aérea de Palmerola, Comayagua. Durante el huracán Eta, el pasado año, se convirtió en un centro de coordinación centroamericano de tráfico aéreo. Allí radican más de 1,500 efectivos norteamericanos, en la base Soto Cano, nombre del militar que privilegió la adquisición de aeronaves lo más modernas posibles para defender la soberanía.

En el país, la asistencia militar busca fortalecer la capacidad de aseguramiento de los cargamentos de drogas. Al aterrizar por desperfectos, el año pasado fueron confiscados 11 avionetas y 12 aviones a reacción. Se busca evitar la apropiación ilegal de la carga ilícita. Para el efecto, EUA donó varios aviones pequeños al ejército y favoreció el uso de helicópteros.

Además, el Southcom acordó entregar patrulleros Metal Shark Defiant 85 a las marinas del Caribe, cuyo costo es aproximadamente US$4 millones. El año pasado, la República Dominicana, en agosto, y Costa Ric,a en diciembre, recibieron el suyo. Por aparte, en abril se entregará uno a El Salvador. Sendos barcos se entregarán a Guatemala y Honduras en el segundo semestre. Se pide a los países recipiendarios de la donación su equipamiento y entrenamiento de tripulación. El costo aproximado es de US$1.2 millones. Quienes recibieron embarcaciones hicieron este gasto.

La Fuerza del Mar del Ejército de Guatemala adquirió una patrullera NFPV, adecuada para operaciones rápidas en aguas lacustres y fluviales, así como una Ex US Isla, para guardia costera. La contribución con fondos propios del país para controlar el trasiego marítimo de drogas es importante.

¿Vale la pena conocer el equipamiento contra el crimen? La razón para dar cuenta a la ciudadanía de estas adquisiciones fortalece la confianza en la capacidad de protección de la sociedad por parte de la defensa nacional y de la policía. Una democracia no se expresa solo en quejas y lamentos, a veces hipócritas, sobre las carencias de la población pobre. El régimen político está dirigido a establecer la efectividad de las garantías. La seguridad es el marco para la actuación libre en la práctica de las creencias, opciones políticas, la educación, los negocios y la vida social en general.

No hay que temer a la manipulación de la opinión pública, a la progresía alentada por narcos o a los representantes políticos del crimen organizado. La transparencia en el gasto por parte de las fuerzas de seguridad fortalece, mientras que esconder el costo de combatir al crimen mina la convicción en las bondades de un entorno pacífico y legal. Además, permite a la ciudadanía exigir cuentas a los responsables. Al final, es un gasto efectuado con los impuestos pagados por todos. Únicamente quienes medran en la corrupción militar o policial, persiguen ocultarlo.