El inhumano tormento de una extorsión constituye una agresión tan perversa como cobarde. Atacan desde el anonimato, mediante llamadas desde viviendas o incluso desde centros carcelarios bandas integradas por pandilleros, o bien imitadores. Se dedican a sembrar el terror, la agonía y el sufrimiento en familias que trabajan honradamente en negocios de barrio, ventas de calle o puestos de mercado. Su objetivo: lucrar con el dolor y el luto ajeno, pues con frecuencia los cabecillas de estas exacciones ordenan ataques mortales en contra de quienes se niegan o expresan la imposibilidad de pagar.

Ayer concluyó el juicio colectivo más numeroso de la historia. Un total de 145 pandilleros fue condenado a penas de entre 12 y 200 años de prisión por su participación en este delito a través de intimidaciones, llamadas, enriquecimiento ilícito e incluso haber ordenado asesinatos. Cabe señalar que muchos de los sentenciados son en realidad recondenados, pues ya cumplían penas de prisión por este u otros delitos, lo cual conduce a otro gran componente del problema: la crisis penitenciaria. A pesar de que desde hace más de tres lustros sucesivas autoridades anuncian operativos de requisa en las cárceles, una y otra vez se vuelven a encontrar teléfonos celulares, chips, cargadores e incluso equipos para conexión inalámbrica de internet, además de televisores, consolas de videojuegos, equipos de sonido de alto poder y muchos otros enseres cuyo ingreso solo tiene una explicación: la complicidad de integrantes del personal penitenciario.

Este absurdo círculo vicioso de decomisos y reingresos de teléfonos solo representa más muerte y más robos para las comunidades que son asediadas por estos grupos, que exigen sumas de dinero a menudo de forma paralela, con lo cual el pago se vuelve doble y triple, con el consiguiente deterioro de las condiciones de vida familiar y la imposibilidad de lograr mejores perspectivas de desarrollo.

Mientras las cárceles del país continúen porosas a este tipo de trasiego, las extorsiones tendrán subterfugios por los cuales salirse, por entre los barrotes y por debajo de las mallas electrizadas. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han cumplido con efectuar numerosos operativos en el último año, para tratar de reducir las exacciones. Así también, han efectuado traslados de reos extorsionistas, pero en ocasiones los mismos son revocados por extraños amparos emitidos por jueces. Últimamente ha crecido el actuar de los “imitadores”, grupos delictivos que simulan el argot de pandilleros para despistar a las autoridades. A la larga, el daño es el mismo, pues inyectan sentimientos de angustia, desesperanza e impotencia en las víctimas.

Retomar los planes de limitación de la señal telefónica en las cárceles sigue siendo una opción por analizar; los famosos bloqueadores de señal parecían funcionar más durante las manifestaciones que en las prisiones, incluso porque en estas eran desconectados a ciertas horas por guardias cómplices. Por otra parte, el endurecimiento de sanciones penales para los delitos relacionados con la extorsión es uno de tantos trabajos pendientes del Congreso. Finalmente, cabe revisar los protocolos de seguridad para las denuncias, pues muchas personas no se atreven a acudir físicamente a una comisaría por temor a ser seguidas o vigiladas. Y no se trata de una suposición o de paranoia, sino de una vulnerabilidad sistémica que muchas personas, delatadas por ello, han pagado con su vida.