En la segunda quincena de noviembre del 2020, el Congreso ratificó el estado de calamidad en diez departamentos del país que sufrieron daños por las lluvias. Para la atención de la emergencia se dispuso de Q356 millones 112 mil 066 que se utilizarían para restaurar infraestructura dañada y otros bienes y servicios indispensables.
De este dinero, Q276.7 millones se asignaron a Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Civ); Q41.1 millones a Desarrollo Social (Mides); Q26.3 millones a Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga); Q2 millones a Cultura y Deportes (MCD) y Q10 millones al Registro Nacional de las Personas (Renap) para la reposición de documentos de identificación personal.
De todos los ministerios, el único que invirtió más de la mitad de los recursos fue el Mides, con un 55 por ciento de ejecución. Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), Q19.1 millones los ejecutó en alimentación para personas.
El CIV, que tenía a su cargo la restauración de daños en infraestructura, ejecutó el 17.85 por ciento del presupuesto extraordinario. De estos Q48.4 millones fueron para el renglón de mantenimiento y reparación de bienes y uso común.
A estos sigue el Maga, que reportó una ejecución del 16.85 por ciento del presupuesto. Este dinero se debía invertir en infraestructura de sistemas de riego.
El ministerio que más rezagos reporta es Cultura y Deportes, que tiene un cero por ciento de ejecución de los Q2 millones que se le asignaron para restaurar sitios arqueológicos dañados por las lluvias, con énfasis en el sitio de Quiriguá.
Por medio de la oficina de comunicación, esta cartera justificó la baja ejecución aduciendo que, en el sitio arqueológico de Quiriguá, sobre el cual el decreto ordenaba priorizar los trabajos, los niveles de agua tardaron varias semanas en bajar. Aseguraron que en el primer trimestre del año se hará la restauración.
Aunado a esto, el Registro Nacional de las Personas dispuso de Q10 millones para proveer de documento personas de identificación a las personas que residían en los municipios afectados que no contaran con uno o lo hubieran perdido. Este dinero aparece con una ejecución del 100 por ciento.
Fallas
Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), explicó que la normativa que rige las adquisiciones exige que se cumpla con ciertos procesos que a veces demoran la ejecución. Aunado a ello, en la administración pública se da el problema que los funcionarios no quieren participar en juntas calificadoras por temor a enfrentar problemas judiciales, opinó.
Según el entrevistado, la solución pasa por hacer una reforma integral al sistema de adquisiciones. Eso implica definir procedimientos definidos para casos de emergencia, digitalizar los procesos, profesionalizar a quienes intervienen en adquisiciones públicas y tener proveedores precalificados a través de procesos competitivos.
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), explica que las causas por las que se retrasa la ejecución pueden ser varias. A veces se autoriza un techo presupuestario, pero no se traslada el dinero a las instituciones. Otras, hay ineficiencia para ejecutarlos o se inicia el proceso de ejecución, pero no se logran concretar.
Por su parte, Ligia Hernández, diputada de Semilla, dijo que junto con la bancada no votaron a favor de este estado de calamidad porque a lo largo del año se evidenció la falta de capacidad de los ministerios para ejecutar los recursos.
“A nuestra consideración, el problema se debe a que cabezas de ministerios a no cuenta con plan específico o una ruta técnica que haga viable ejecución de programas”, cuestionó la congresista.
Hernández reprochó el hecho que con cada estado de calamidad se hagan asignaciones, a sabiendas que en algunas instituciones no hay capacidad para poder ejecutar con celeridad el dinero.
Justificaciones
Al ser consultado, el ministro de finanzas, Álvaro González-Ricci, dijo que los recursos solo se podían ejecutar mientras estuviera vigente el estado de calamidad, es decir entre noviembre y diciembre. Así lo aprobó el Congreso.
Esto representa un obstáculo, ya que las obras de infraestructura, como restauración de puentes, por ejemplo, no se podían liquidar en un período de dos meses, justificó el ministro.
Por su parte, la respuesta institucional del Civ fue que las obras de mayor envergadura, como reparación de carreteras, iniciarán este mes. Lo que se ejecutó entre noviembre y diciembre fueron trabajos menores, como limpieza de carreteras, informó.
Respecto al Mides, Eduardo Paniagua, asesor jurídico de dicha cartera, dijo que lo que se ha ejecutado para la emergencia proviene del presupuesto ordinario de la institución. De momento están a la espera de una transferencia de Q15 millones para avanzar en los procesos, aseguró.
Mientras que la oficina de comunicación del Maga informó que en total se publicaron 23 eventos en Guatecompras para atender a familias damnificadas tras el paso de las depresiones tropicales Eta e Iota. Se pretendía entregar semillas y recuperar sistemas de riego, pero solo se adjudicaron 10, ya que 13 eventos se cayeron por distintas razones, como por ejemplo que las ofertas no cumplían con los requisitos.
