El año 2020 estuvo marcado por la pandemia global del covid-19. No hubo ámbito en el que no se sintieran sus devastadores efectos. Los costos en términos de vidas humanas y de afectaciones en la salud de las personas son inconmensurables y, seguramente, seguiremos siendo testigos por muchos meses de los estragos que continuará causando en todas las esferas de la vida.

Ayer mismo, Prensa Libre publicó dos notas periodísticas relacionadas con los impactos de la pandemia en Guatemala. La primera se refería al desgaste físico del personal sanitario por las agotadoras jornadas de trabajo. También revelaba cómo la salud mental de quienes están en la primera línea de atención se ha visto afectada por el estrés y la ansiedad que supone enfrentar situaciones críticas y de enorme presión. A esto se suma la incertidumbre y el peligro del contagio personal y familiar que, en muchos casos, supuso la pérdida de un ser querido.

La otra publicación se refería al incremento de la desnutrición aguda en el país que rebasó los 27 mil 800 casos en niños y niñas menores de 5 años, casi el doble de los registrados en 2019. La periodista Mariajosé España explica a lo largo de este reportaje cómo a la crisis alimentaria que se generó durante semanas, cuando miles de familias quedaron sin alimentos porque no recibieron ningún ingreso, se sumó el recorte de las asignaciones destinadas para la prevención de la mortalidad y la desnutrición infantil y la baja ejecución de los programas de emergencia que, en muchos casos, ni siquiera llegaron a quienes realmente lo necesitaban.

Como consecuencia, se prevé que para el 2021 más del 15% de la población guatemalteca estará en el umbral del hambre y que durante los primeros meses de este año alrededor de 2.7 millones de personas afrontarán una crisis alimentaria. Esto representa 593 mil hogares en situación de alto riesgo y un aumento significativo de la desnutrición infantil crónica y aguda que puede ocasionar daños irreparables en los organismos de los más pequeños e incluso la muerte.

Si bien, como hemos afirmado en otras ocasiones, aún y cuando el virus no distingue a quién contagia y a quién no, hay una gigantesca diferencia en sus impactos y en las posibilidades para hacerle frente, tanto a nivel sanitario como económico. Y lamentablemente, producto de este sistema excluyente e inequitativo, la pandemia no solamente evidenció de forma descarnada estas terribles desigualdades sino que las profundizó.

Ante este panorama desolador se imponen, por lo menos, dos líneas de acción de aplicación inmediata. La instauración de una renta básica para las familias en situación de mayor vulnerabilidad que les garantice —mientras dure la emergencia— un ingreso mínimo de subsistencia. Y una estrategia integral y transparente de acceso rápido a las vacunas contra la covid-19, aunada a un plan de vacunación que garantice la organización y la logística para llegar al 70% de la población en el mes de noviembre, si se quiere tener controlada la pandemia al 31 de diciembre de 2021.

Según estos datos que me comparte el exdecano y profesor titular de la facultad de Farmacia de la Usac, Rubén Velásquez, entre febrero y noviembre, 13 millones de personas deberían estar vacunadas, a razón de 45 mil por día, tomando en cuenta que la inmunidad plena se alcanza dos semanas después de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna.

A riesgo de ser reiterativa. La crisis multidimensional generada por esta pandemia global debe ser abordada de manera integral, colocando a las personas y no al mercado en el centro de las soluciones. Y este gobierno debe dejar la opacidad y la indolencia y priorizar la salud y la vida de su pueblo.