Los desastres físicos continúan. Esta tendencia ha sido impulsada por el mal manejo de lo urbano, rural, climático, la salud y el hambre, que está afectando a millones de personas, por la pandemia. Según la FAO, tiene reservas para alimentar a los habitantes en los próximos meses en el mundo y cumplir con las consideraciones para reuniones en grupos reducidos de familiares y amigos es celebrar las fiestas.

Y vino la pandemia y encuentra a Guatemala, un país menos urbanizado de Centroamérica en que el urbanismo y la arquitectura están sumergidos en un mismo problema, afectando no solo a la salud pública, sino a la economía y al tejido social. De manera alarmante, el número total de desastres y pérdidas económicas asociadas a estos casos continúa aumentando, más de la mitad de las personas sufren impactos viviendo dentro de un gobierno frágil, afectado por conflictos.

De una población que sigue siendo débil, con un 70%, que le impide su desarrollo económico y social. Con el 59.3 % de la población, casi 17 millones de habitantes, en la pobreza, y con la desnutrición infantil, que afecta a casi el 50% de los niños menores de 5 años.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) señaló como detonante de la conflictividad la violación al acceso a la información por parte del Gobierno. Finalmente, la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 rige. Esto trajo una crisis política con proyectos presupuestales por medio de alianzas público privadas (APP), en que se obvió a esa población que vive en un estado de pobreza, afectada por los huracanes, con zonas inundadas, sin carreteras, puentes destruidos y sin vivienda. Perdiendo sus cosechas y, ahora, arrinconada en albergues, por lo que gran parte de la población guatemalteca, indígena y ladina, protesta y agrava la decisión gubernamental de autorizar, sin consulta previa, la explotación de bienes naturales en territorios habitados por comunidades indígenas.

Ante esta situación se debería realizar un análisis territorial para impulsar la reconstrucción nacional, que debe incluir: 1- Dimensiones administrativas y jurídicas; 2- Dimensiones físicas; 3- Dimensiones Económicas; 4- Dimensiones sociológicas; 5- Dimensiones de la infraestructura y transporte; teoría de planificación y técnicas de planificación; políticas y estrategias de desarrollo territorial y talleres de Análisis Territorial.

Existen instituciones como la Dirección de Servicio Social, cuyo objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población en situación de pobreza y extrema pobreza y atender los problemas de las desigualdades sociales y del hambre, que bien podrían encargarse de llevar a cabo un plan de vacunación nacional.

Segeplán podría dirigir esta propuesta a través de sus objetivos, que busca una política que coadyuve a mejorar la cooperación externa. Con un programa de gobierno que defina la orientación y prioridades de planificación e inversión territorial. Este criterio de orden cuantitativo orientará las prioridades de la inversión a nivel territorial, más ahora, ante esta destrucción en el país, por los huracanes.

“La OEA mencionó como determinantes para esta crisis política la corrupción y la impunidad, la transparencia en asuntos públicos, como la forma en que se aprobó el presupuesto del 2021 en el Congreso, donde la conflictividad social fue mucho más contundente en sectores como educación, salud, infraestructuras y el hambre” (Banco Mundial).|