Hasta el 26 de diciembre, con la última actualización de los datos del Ministerio de Salud, Guatemala registra 135 mil 309 casos de covid-19 y 4 mil 768 muertes. Las cifras de contagios no reflejan la realidad-real de la pandemia en nuestro país, porque el número de pruebas que se realizan sigue siendo absolutamente insuficiente.

Probablemente en pocos días, como lo han advertido los especialistas, las cifras se disparen y tengamos que lamentar un repunte de los casos con todas las consecuencias de lo que eso significa en términos de la vida, la salud y el sustento económico de miles de familias guatemaltecas.

Lo que asusta —pero no sorprende— es la indolencia y la inacción de nuestras autoridades. La última comparecencia pública del presidente Alejandro Giammattei y de la ministra de Salud, Amelia Flores, en la que prácticamente se lavaron las manos y responsabilizaron a la población de lo que le suceda, fue una muestra más de su incapacidad en el manejo de la emergencia sanitaria y de las múltiples crisis que de ella se derivan.

Mientras los gobiernos de varios países latinoamericanos anunciaron para los últimos días de diciembre y las primeras semanas de enero 2021 el inicio de las jornadas de vacunación —empezando con el personal de salud que está en la primera línea de atención y con los grupos en situación de mayor vulnerabilidad— en la alocución presidencial no hubo ninguna mención respecto de la vacuna.

Lo que nos dejó claro ese silencio es que no se realizó ninguna previsión sobre su adquisición y distribución, aún y cuando desde hace meses en el debate público global sobre la estrategia para enfrentar al covid-19, la vacunación era un elemento central y eso suponía una carrera contra-reloj. En el mes de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció tres mecanismos para adquirir las vacunas: El acceso nacional a través de acuerdos directos de los gobiernos con los fabricantes; el acceso regional a través de acuerdos entre países para su suministro; y el acuerdo global a través de la plataforma multilateral Covax de la OMS para garantizar el acceso equitativo a las vacunas para todos los países.

Este último supone priorizar la salud pública mundial sobre las ganancias de las farmacéuticas y garantizar su disponibilidad para todas las personas, sin importar el país en el que vivan o el dinero que posean. Lamentablemente, estamos viendo una vez más cómo el mercado, el poder económico y geopolítico de los países ricos, y los intereses comerciales de las empresas, están configurando un escenario que dificulta el logro de este objetivo.

Es aquí donde la gestión estratégica de los gobiernos cobra vital importancia. Ahí tienen ustedes los resultados de los esfuerzos de México, Brasil, Argentina, Costa Rica, Chile, Panamá, Perú, Ecuador y Venezuela —todos países latinoamericanos de distintos signos ideológicos— que empezaron a suministrar dosis de las distintas vacunas disponibles, a partir de la definición de que la vacuna es una de las intervenciones de salud pública más rentable porque salva vidas, rompe la cadena de transmisión del virus y supone un ahorro de recursos en la atención sanitaria.

Según expertos, a groso modo, el costo de vacunar a 10 mil personas sería más barato que la atención por 30 días para un número reducido de pacientes en una sala de cuidados intensivos. Además, la vacunación masiva supone el camino de mayor viabilidad para acelerar la reactivación económica de un país.

En síntesis: no hay más tiempo que perder. Aunque vamos muy tarde, hace falta una estrategia de alta diplomacia sanitaria y política que permita un rápido acceso a las vacunas, como ya lo han logrado 9 países de la región.