Mediante una videoconferencia, los magistrados de la CC celebraron una vista pública sobre amparos planteados por excancilleres y exembajadores de Guatemala en Washington, Jordán Rodas, procurador de los Derechos Humanos, y Acción Ciudadana para que el ACA sea detenido.
El acuerdo fue firmado el 26 de julio de 2019 en la Casa Blanca y su implementación comenzó el 21 de noviembre de ese mismo año, con cuestionamientos de sectores a la administración de Jimmy Morales porque señalaban que un convenio de este tipo debía ser ratificado por el Legislativo, sin dejar de tomar en cuenta que Guatemala no estaba en condiciones de procurar una calidad de vida a migrantes con solicitud de asilo en el país norteamericano.
Postura del MP
Luis Antonio Gordillo Bosque, representante de la fiscalía, sostuvo que el jefe de Estado de Guatemala, con pleno conocimiento de los alcances de las obligaciones que asume el país por medio de acuerdos internacionales, debe propiciar el mecanismo del artículo 171 de la Constitución Política, en particular el inciso L) sobre que el Congreso debe aprobar antes de su ratificación cualquier arreglo internacional.
Así, continuó el MP, “si se advierte que hay vicios en la ejecución del acuerdo debe llevarse a cabo bajo los procedimientos de la Convención de Viena sobre derecho de tratados”.
No obstante, Gordillo dijo que la fiscalía “considera que los acuerdos signados se deben respetar “ al tiempo que mencionó que el ACA “ya fue signado y ya se adquirieron compromisos internacionales”, ante lo cual el presidente de la República debe ser “el que envíe al Congreso el acuerdo”. Por último, solicitó que los amparos sean declarados sin lugar.
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Gabriel Orellana, en representación de los exfuncionarios diplomáticos, señaló que Estados Unidos lleva adelante convenios “de forma simplificada” que buscan sustraer a los organismos legislativos del conocimiento de convenios como el ACA.
Apuntó que existe una “amenaza latente” para Guatemala porque hay pleno conocimiento de que Estados Unidos ya publicó en su gaceta oficial el acuerdo de asilo, mientras que no hay conocimiento aquí de que el presidente de la República lo haya enviado al Congreso, lo cual plantea una infracción a la constitucionalidad guatemalteca puesto que el acuerdo 171 constitucional establece que el Legislativo debe aprobar los convenios sin distinción o discriminación de la materia que se trate.
Eddy Cux, director de Acción Ciudadana, argumentó que existe una amenaza cierta contra Guatemala y recordó como un procedimiento irregular el acuerdo gubernativo 232-2019 donde se le concede al ministro de Gobernación, entonces Enrique Degenhart, la facultad para firmar convenios con Estados Unidos sin tomar en cuenta al Congreso.
“Hay información de medios de comunicación que se ya se está enviando migrantes a Guatemala bajo este acuerdo y no existe conocimiento -de que el Congreso de Guatemala haya conocido el ACA-“, dijo.
“Los medios por los que Estados Unidos también violaron el derecho internacional. Donald Trump -presidente saliente de Estados Unidos- condicionó la ayuda a Guatemala para suscribir el acuerdo. Esto viola acuerdos internacionales”, remarcó Cux.
Por su parte, Rodas se sumó a la argumentación de los otros amparistas a fin de que el acuerdo sea declarado sin efecto. “Ser un tercer país seguro conlleva grandes responsabilidades para Guatemala, que se obliga a dar a los solicitantes de asilo una calidad de vida que primero debe dar la población, que es evidente que no puede hacer”, afirmó.
Luis Alberto Sosa Avendaño, representante de la PGN, expuso que la resolución de la CC en torno al caso debe ser conforme a Derecho.
