La Constitución Política no es el consenso de todos, sino un acuerdo mínimo, donde solo algunas demandas individuales tienen cabida. A los partidarios del Estado laico les molesta la invocación en la actual constitución. Los antiguos constitucionalistas no debiesen haberse metido con las convicciones particulares. La creencia en la divinidad no admite su personalización, despersonalización, negación, etc., como obligatoria a la ciudadanía. Se debe reconocer una mayoría que busca imponer sus consagraciones, interjecciones y votos religiosos. Así, una nueva redacción constitucional, puede ser más insultante con bendiciones y oración.

El concepto de concepción de la persona, es ambiguo, rebasado por la ciencia y las realidades de la vida, ameritan una superación para reconocer el derecho de las mujeres sobre sus cuerpos. Solo ingenuos desconocen la interferencia de grupos religiosos, cuyos criterios pueden ser más extremistas, en un nuevo texto constitucional.

La pena de muerte amerita clara abolición. Debe regularse el trabajo en los centros de detención. Los antecedentes penales y policíacos tienen sentido solo en los procesos judiciales. El tribunal de honor para los señalamientos injuriosos a funcionarios, debiera operar permanente. Las iglesias deben tributar por sus negocios, aunque sus propiedades inmuebles estén exentas.

Sorprende cuando el diario mexicano La Jornada señala al Cacif como parte de la agitación social, pues la actual constitución tuvo la tutela gubernamental durante el enfrentamiento armado, con absoluto cuidado de sus intereses. Por lo tanto, las garantías de las que gozan los patronos pueden ameritar recorte. La propiedad es un derecho. Pero la propiedad agraria extensa, arriba de 2 caballerías debe tener función social. Al momento de discutir la constitución saldrán propuestas más ambiciosas para el campesinado. Una reforma agraria podría establecerse, en nuevos acuerdos.

Para los modernizantes, la referencia a comunidades indígenas, pueblos, tribus etc. es una reliquia conservadora. Se debe avanzar hacia su realidad: la multiculturalidad. Para el efecto, un tercer nivel de gobierno entre las alcaldías y gobierno central, podría establecer regiones multiculturales. Salvo que se desee romper a Guatemala, la educación, policía nacional civil y ejército necesitan unidad de mando. Amerita considerarse al separatismo y a la segregación racista, si priva el deseo de unidad nacional.

Ya no más monopolio de la única universidad pública y una sola escuela pública agrícola. El patrocinio deportivo por el Estado, debe limitarse al sistema de educación público y privado. El monopolio al IGSS debe transformarse en sendos institutos para la empresa privada, el gobierno y las municipalidades. No tiene sentido mezclar a los servicios de salud de los trabajadores con el seguro social financiero. La construcción de viviendas se puede encargar con cuota presupuestal a las municipalidades.

La nacionalidad centroamericana debe ser efectiva. Fin de la calidad de extranjero para los ciudadanos del istmo. El número de diputados debe reducirse. La Corte de Constitucionalidad debería ser una sala integrada por sorteo en la Corte Suprema de Justicia para cada caso. El Ministro de la Defensa debe ser civil, prohibirse la reelección de alcaldes y regularse la de diputados.

Se supone que un grupo de vociferantes pagados elaborarán el nuevo texto constitucional. Salvo el fraude electoral recurrente, puede surgir la Guatemala profunda, para disgusto de los oligarcas y los tanques de pensamiento de derecha.