Originalmente el sistema estaba en la aldea El Durazno, Villa Canales, en una bodega a cargo de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), pero los investigadores lo encontraron en Mixco, en una instalación de la empresa Flomitax.
Según la investigación, hubo anomalías en la implementación de ese sistema de cobro, del cual se sustrajeron US$35 millones del Estado. Por este caso está procesado el expresidente Álvaro Colom y el exsecretario privado Gustavo Alejos.
Durante la administración de Colom (2008-2012) se firmó el acuerdo 103-2009 para el cual se designaron los US$35 millones a la AEAU para la implementación del prepago.
Para la Feci y la Cicig, el acuerdo 103-2009 fue “la llave permitió la erogación sin mayores controles” y permitió el fraude.
