El ejercicio autoritario del poder ha sido la característica principal de este gobierno. En 10 meses, Alejandro Giammattei y sus impresentables socios del congreso (así, con minúsculas) han concretado la regresión autoritaria que inició Jimmy Morales y su alianza pro-impunidad.

Mientras la gente sufre todo tipo de privaciones, ha perdido sus cosechas e intenta desesperadamente paliar el hambre y el desempleo, el presidente y una mayoría de diputados mafiosos dilapidan y desvían millones de quetzales en su beneficio.

Ese despilfarro vergonzoso de los dineros públicos contrasta con la pobreza generalizada de la población, que no solo ha sufrido los efectos de la pandemia sino de las tormentas tropicales Eta y Iota que azotaron el país. Por inaudito y atroz que parezca, estas crisis se están aprovechando para seguir robando y malversando los recursos que deberían destinarse a las cientos de comunidades y a las miles de familias que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Además, en estos 10 meses, Alejandro Giammattei y Allan Rodríguez han consolidado la alianza perversa de los grupos procorrupción e impunidad utilizando la institucionalidad pública para defender sus intereses y privilegios; desobedeciendo las resoluciones judiciales; empleando los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado para vigilar y perseguir a sus detractores; criminalizado el ejercicio del periodismo independiente y reprimiendo brutalmente las manifestaciones ciudadanas.

Sin pudor continúan atacando al Procurador de los Derechos Humanos, a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y a los jueces, juezas y fiscales independientes, que hasta ahora les han impedido completar la cooptación. De esa magnitud es el deterioro y el ataque a la democracia.

Pero como además de autoritarios y represores son perversos, montaron una operación seudodiplomática —en alianza con el secretario general de la OEA, Luis Almagro— para retorcer la realidad. Aduciendo un supuesto intento de desestabilización invocaron la Carta Democrática y forzaron la llegada de una misión que nunca debió ser enviada a Guatemala, porque aquí lo que hay es un legítimo ejercicio de derechos por la vía de la protesta y la manifestación ciudadana, que ha sido bestialmente reprimida por el gobierno.

Como no podía ser de otra manera -y como ya lo hizo en Bolivia avalando el golpe de Estado contra Evo Morales y en Honduras apoyando el fraude electoral que validó la reelección de Juan Orlando Hernández- previo a que la delegación emita su informe, Almagro ya marcó la cancha emitiendo un comunicado público donde respaldó a Giammattei (22/11/20).

Pésima maniobra la de enviar al frente de la delegación a Fulvio Valerio Pompeo, un argentino del riñón del expresidente Mauricio Macri. No es casual: Pompeo es el secretario de Relaciones Internacionales del PRO, partido de derechas que fundó Macri y que formó parte de la coalición Cambiemos. Pompeo fue su oscuro secretario de “Asuntos Estratégicos”, un cargo que no existía en la Casa Rosada y que Macri creó para él. Desde ahí, Pompeo impulsó la compra irregular de los aviones militares argentinos IA-63 Pampa que Jimmy Morales estuvo a punto de adquirir, pero que la Contraloría General de Cuentas vetó por su abultada sobrevaloración.

Pompeo es, además, un íntimo amigo de Gustavo Ricardo Cinosi, asesor especial de la Secretaría General de la OEA, el cargo de Almagro en Washington, DC. Repudiado por varios sectores en Argentina por sus constantes presiones a diplomáticos latinoamericanos, Cinosi es la mano que mueve los hilos de Pompeo. Perdonen ustedes, pero difícil con estos antecedentes pensar en independencia e imparcialidad de la misión. En Guatemala se cuecen habas, en Argentina y en la OEA, también.